Hemeroteca de "La Aventura Humana" y pulsar en buscar

domingo, julio 15, 2007

(IN)CULTURA CIENTÍFICA, 25 AÑOS DESPUÉS

Considero la máxima de que en el mundo de los gustos no hay nada escrito. Pero Manuel Toharia hace una reflexión a mi entender necesaria. Ya le he dedicado palabras en esta revista a J. J. Benítez. Pero no deja de ser cierto que nuestro país que nunca ha tenido muy buena propaganda por su labor científica, por falta de apoyo, no de eficacia y modernidad, vaya dándosele el sitio que le corresponde en cuanto a la divulgación de sus enormes progresos. No se trata de demonizar las denominadas ciencias ocultas, aunque éstas jueguen su papel, pero no que adquieran un mayor protagonismo y predicamento que la ciencia racional, no oficialista. Manuel Toharia tiene la suficiente autoridad moral para denunciarlo, y por ser claro en mi caso, que estemos más al día de las apariciones marianas, que de los avances genéticos de los propios científicos, españoles o extranjeros, es esperpéntico y propio de una gran incultura en este contexto.












Manuel Toharia, entre otras muchas cosas, es Presidente de la Asociación Española de Periodismo Científico



No ha ocurrido con la cultura científica lo que le sucedió a los mosqueteros de Alejandro Dumas, veinte años después de aquellas trepidantes aventuras en contra del sibilino Cardenal Mazarino y a favor de las infidelidades de toda una reina de Francia. Si D’Artagnan, dos decenios después de su iniciación como guerrero a las órdenes del Rey, era ya el Capitán de los mosqueteros, y sus otros compañeros se habían asentado en su mundo, progresando en sus respectivas carreras, en cambio la cultura científica no ha ido tan bien servida tras esos dos mismos decenios de aquella incipiente revolución de la política científica española que fue la Ley de la Ciencia. Hoy podemos observar, con cierto desasosiego, que en ese tiempo las esperanzas de una neta mejoría en el sistema investigador español quedaron en parte frenadas, y en algún caso incluso frustradas, mientras que sólo cabe otorgarle el suspenso más notorio precisamente a todo aquello que tiene que ver con el interés de los ciudadanos por el hecho científico. A la promoción de la cultura científica.
Desde luego, en un país con escasa tradición investigadora, que además fue en gran parte arrasada durante el excesivamente largo periodo de la dictadura franquista, no era fácil que prendiera la llama de una renovación completa de las actitudes sociales en torno a la ciencia y sus desarrollos. Aquella Ley de la Ciencia de hace veinte años sí sentó las bases de esa renovación, y eso es algo que nadie discute hoy día. Pero los sucesivos gobiernos posteriores tuvieron escaso interés no ya en que ardiera esa llama recién encendida sino siquiera en que se conservaran algunos de sus rescoldos más brillantes. Por supuesto, las razones económicas primaban; pero también la escasa apuesta de las empresas por una investigación que seguía asumiéndose como exclusiva competencia de la administración pública. Podríamos decir que en estos veinte años todavía ha seguido predominando en el mundo empresarial español del sector privado–con muy horosas excepciones, todo hay que decirlo- aquel confuso sentimiento de los intelectuales del 98 en torno al “que inventen ellos”; en este caso, los científicos pagados por el erario público. Y si no, los de fuera del país.
Ramón Sánchez Ocaña en una imagen retrospectiva cuando adquirió popularidad por su programa "Más vale prevenir"

En este panorama de quiero y no puedo, de generosas aportaciones teóricas no muy abundantemente apoyadas por el erario público y aun menos por la contabilidad de las empresas, no es de extrañar que floreciera quizá más que nunca la incultura científica de la población.




El escritor y divulgador Iker Jiménez
















Desde luego, es forzoso reconocer que no todo ha ido rematadamente mal en cuestiones culturales. Ni en la tradicional cultura artísticoliteraria, ni siquiera en la tecnocientífica. De la primera no corresponde hablar aquí, aunque se han hecho muchos más gestos de cara a la galería y en apoyo de unas élites siempre minoritarias, que en apoyo de una cultura de la ciudadanía más próxima a sus intereses y anhelos.
En cuanto a la cultura científica, desde luego ha sido escasamente apoyada por las autoridades del Estado central, aunque en cambio algunas administraciones locales y autonómicas sí han hecho, al menos en parte, sus deberes. Podemos analizar con cierto detalle la situación, y lo vamos a hacer centrándonos en tres campos que resultan no sólo muy significativos sino incluso paradigmáticos: los medios de comunicación de titularidad pública, y esencialmente Televisión Española y los canales autonómicos; los centros de ciencia interactivos; y la proliferación de las seudociencias, que parecen invadir ya casi todos los ámbitos de la vida ciudadana.
Con la llegada de la democracia, los periódicos de titularidad pública pasaron a manos privadas o desaparecieron, y las revistas y otras publicaciones oficiales –de Ministerios o de otros organismos públicos- quedaron reducidas a su mínima expresión, más como plasmación de resultados que como elementos puramente informativos. En cambio, se mantuvo el sistema mastodóntico, y ahora vemos que absolutamente ruinoso, de una radio y una televisión de titularidad estatal. No es anecdótico que el grupo RTVE, que era boyante y con pingües beneficios al final de la dictadura y en los primeros años de la democracia, se convirtiera en un pesado lastre económico cuando se tuvo que enfrentar a la competencia directa de las televisiones privadas. Hoy, el grupo RTVE afronta una deuda acumulada de 1,3 billones de las antiguas pesetas, una cifra que es sencillamente inasumible y que produce mareo por su desmesura.
Mantener una radio y una televisión de titularidad estatal podría tener su justificación, precisamente en un mercado dominado por los intereses económicos –audiencia y publicidad, los dos factores esenciales de la economía del mercado libre de la televisión- siempre que su programación atendiera a valores que no necesariamente cubre la televisión comercial. Por ejemplo, la enseñanza para enfermos, o bien la programación cultural, generalmente minoritaria. Incluso, por qué no, una programación de entretenimiento puro pero sin intereses comerciales más o menos ocultos tras ella.
Pero si la televisión y la radio públicas –nacional, autonómicas, incluso locales cuando dependen de los ayuntamientos- entran en el mercado publicitario, sería absurdo que compitieran con los sistemas privados, cuyos intereses comerciales priman sobre la vocación de servicio. Y así se da la paradoja de que la radiotelevisión pública presenta una oferta de programación que compite directamente con las privadas, incluso, lamentablemente, en aquellos programas de menor calidad y, en ciertos casos, claramente criticables por su baja calidad moral o profesional. Aunque el término sea abusivo, y seguramente injusto, lo de la “telebasura” no deja de tener su justificación...
Naturalmente, ante semejante panorama, la presencia de programas culturales, y especialmente los que tienen que ver con la cultura científica, en radio y televisión fue y sigue siendo casi simbólica, y siempre en horarios lamentables. Antes, cuando sólo había en España una televisión pública, las cosas no iban mucho mejor, pero al menos hubo intentos valiosos de hacer de la ciencia un elemento divulgador para todos los públicos. Programas de naturaleza, como los de Félix Rodríguez de la Fuente, de salud, como los de Ramón Sánchez Ocaña, o la mismísima serie Cosmos de Carl Sagan, competían en horarios estelares con otros programas más tradicionales pero no más exitosos.
Otros programas menos “vistosos” eran relegados a horarios infantiles -¿por qué siempre que se habla de ciencia en televisión se piensa en los más jóvenes, como si los adultos no necesitaran saber ya nada más?- o bien a altas horas de la madrugada, tal y como parodiaban en diversas ocasiones los geniales componentes de Les Luthiers. Hubo intentos –”Horizontes” de Ramón Sánchez Ocaña, “Alcores” dirigido por quien firma estas líneas, “A ciencia cierta” de Esteban Sánchez Ocaña, y varios otros después- pero, luego, con la llegada de las privadas y las autonómicas, el panorama fue a peor. En la catalana TV3 tuvo gran éxito, y duró unos cuantos años en antena, un excelente programa divulgativo, “Jocs de ciència”. Pero poco más. En Canal Sur estuvo en antena, eso si en horario infantil, “Alcores”, programa de actualidad y divulgación científica de una hora semanal, que se emitió durante casi tres años. En Telemadrid estuvo “Viva la ciencia”, y luego “Ponte verde”...
Y poco a poco todos esos intentos fueron desapareciendo, y hoy apenas sobrevive en la televisión pública el programa de Punset, “Redes”, y algún pequeño intento en alguna televisión autonómica. Incluso el intento de Atlantia, hace año y medio, fue un fiasco: en la Primera Cadena de TVE lo emitían de madrugada, mientras que a las 8 de la tarde ponían un programa de una hora de... ¡¡¡Rappel!!!
De las privadas, mejor no hablar. Asumen que “la ciencia no vende”, y no se molestan siquiera en imaginar lo que podría ser un programa televisivo triunfador al estilo dela revista MUY INTERESANTE, que es el paradigma de éxito editorial que cualquier economista desearía administrar, en el campo de la publicaciones mensuales.
La radio pública tiene algunos intentos meritorios, sobre todo Radio Nacional en alguno de sus canales. Pero su programación es bastante calcada, en esencia, de la de las radios privadas. y en éstas escasean los programas de ciencia –en la SER hay uno de un cuarto de hora semanal,los domingos a las 7,30 de la mañana-. Mientras, otros programas deformativos culturalmente y gravemente antieducativos son anunciados a bombo y platillo y emitidos dos veces por semana, con todo lujo de medios a su disposición; por ejemplo, en la misma cadena SER, el programa Milenio Tres, que si no fuera por lo lamentable de sus propuestas, podría ser considerado como un excelente programa... de humor.
Por cierto, buen ejemplo de lo que las televisiones privadas fomentan es el de una de las más recientes, además perteneciente a un grupo editor serio y habitualmente bien conceptuado por su apoyo a la cultura y la información veraz, el grupo PRISA. La cadena Cuatro también publicita un programa similar al de la SER, con el mismo presentador-director, sobre misterios bobalicones y casas encantadas, como si fuera el paradigma de lo que la gente debiera saber. Todo un oprobio para una empresa que se caracteriza habitualmente por una línea editorial seria y coherente.
Hay quien afirma que lo que no sale por la tele, sencillamente no existe. Quizá sea un poco exagerado, pero es obvio que el poder de los medios audiovisuales es enorme, y que no se puede establecer una política de apoyo a la cultura científica si no se cuenta, implícita o explícitamente, con la televisión. Y no en horarios indecentes y en canales de tercera división, sino en las televisiones de titularidad pública y en horarios consecuentes, al menos de “second time” (o sea, antes o después de los horarios de máxima audiencia). En cambio, proliferan en todas las emisoras programas de supuesto periodismo de investigación en torno a la vida de los famosos, incluídos los famosos delincuentes o los delincuentes famosos, según que hayan sido lo uno o lo otro antes o después. Y abundan los programas dedicados al mundo de lo “desconocido”, o sea lo fantasioso disfrazado de realidad. Y programas alarmistas y escasamente favorecedores de la concordia nacional... Mientras brillan por su ausencia los programas que difunden cultura asequible para la mayoría de la población.
No queremos con esto decir que la televisión sea la culpable de la incultura y la desinformación en torno a la ciencia, pero sí que no contribuye en casi nada a mejorar la situación. Y que resulta incomprensible que, tras veinte años de aquella esperanzadora Ley de la Ciencia, no haya habido ningún apoyo decidido por parte de las televisiones públicas a que en sus programaciones se incluyan abundantes elementos educativos, divulgativos y formativos, realizados con amenidad, dirigidos a todos lo públicos y, consecuentemente, emitidos en buenos horarios. Salvo la honrosa excepción de La 2, siempre minoritaria a pesar de su calidad muy superior a la media.
Tampoco ha habido por parte de las autoridades estatales un apoyo claro a los centros de ciencia interactivos, a pesar de que la experiencia de otros países mostraba su pujanza a la hora de servir de acicate para la curiosidad de los ciudadanos, fuera cual fuese su edad y su nivel cultural. Estos centros pueden además ser utilizados como complemento sumamente útil de la enseñanza reglada. No hay que olvidar que el primer centro interactivo del mundo exclusivamente destinado a este tipo de museología novedosa, informal y divergente fue el Exploratorium de San Francisco, obra de un profesor de física, Frank Oppenheimer, preocupado por la enseñanza efectiva y divertida de las ciencias a todos aquellos que no iban luego a estudiar ciencias ni a ejercer como científicos en su vida profesional. O sea, la enseñanza de la cultura científica.
Menos mal que algunas autoridades políticas, locales o autonómicas, sí vieron la posibilidad de conseguir algunos logros de tipo cultural a través de este tipo de centros. Destaca al respecto la iniciativa del Ayuntamiento de La Coruña, que antes incluso de la Ley de la Ciencia cuyo cuarto lustro celebramos ahora, ya abría sus puertas, siguiendo el pionero ejemplo de la Caixa de Barcelona, que en la programación cultural de sus Obra Social había incluído un año antes un museo interactivo de ciencia, el Museu de la Ciència. Hoy, la capital coruñesa dispone de tres museos científicos, y se ha convertido en referente de la divulgación científica a través de esta poderosa herramienta, y con el apoyo exclusivo del ayuntamiento de la ciudad. Gracias, todo hay que deecirlo, al impulso personal de dos amigos de infancia, el uno alcalde –Francisco Vázquez, hoy Embajador de España ante la Santa Sede- y el otro científico y profesor –Ramón Núñez, que fue el fundador, y primer (y hasta ahora único) director de los museos científicos coruñeses-.
Sin apoyo alguno de las autoridades estatales, otros museos siguieron la estela del museo barcelonés, perteneciente a una entidad privada (caja de ahorros), y del coruñés (de titularidad municipal). Y hoy existen muchos otros centros de ciencia interactivos, municipales como los de Coruña (como por ejemplo los de Valladolid, Murcia, Logroño y las dos capitales canarias, a través de los Cabildos -en Tenerife, además, con el apoyo del Instituto de Astrofísica-), autonómicos (como los museos de Valencia y Cuenca, o el Planetario de Pamplona), y mixtos, como el Parque de las Ciencias de Granada (en el que participan la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, el CSIC, la Universidad e incluso dos cajas de ahorro). Es más, la Kutxa de San Sebastián, siguiendo el ejemplo de la Caixa, también montó su “Kutxaespacio”, similar a los dos “Cosmocaixa” que en Madrid y Barcelona han sucedido al pionero Museu de la Ciència barcelonés.
Aunque la Ley de la Ciencia en estos veinte años ha pasado por diversos avatares, y de ningún modo ha sido utilizada para potenciar la cultura científica en televisión ni en los centros de ciencia interactivos, lo cierto es que aquí sí se ha visto el impulso de la sociedad civil. Y a través de Cajas de Ahorro, Ayuntamientos o Autonomías hemos podido observar cómo millones de personas entran cada año a esos centros interactivos recibiendo, mucho o poco, que eso se le deja siempre al albedrío del visitante, un mensaje de inquietud cultural en torno a la ciencia. Invitándole a realizar experimentos por sí mismo, a sentir sensaciones nuevas, a reflexionar, a adquirir espíritu crítico... A aprender, en suma, que en la Naturaleza no existen las asignaturas, que la ciencia como cultura no sólo es bastante fácil y divertida, sino que es una fuente de placer, de adquisición de criterio, de goce incluso de unos elementos tecnológicos que en el mundo de hoy, por desconocimiento, más tememos que aprovechamos.
Finalmente, una breve alusión a las seudociencias. Es difícil pensar que un país es culto, tanto en lo artísticoliterario como sobre todo en lo tecnocientífico, si en él proliferan y gozan incluso de estima social las actitudes de apoyo a las falsas ciencias, a las magias, a todas esas conductas confusas y siempre teñidas de mercantilismo y engaño que podríamos englobar bajo el término “mancias”.
Y muy especialmente, las seudociencias, que se disfrazan con un lenguaje y unas actitudes falsamente científicas -la investigación, la duda, el reconocimiento de lo que ignoramos, el vocabulario supuestamente técnico, etc- para defender posturas fantasiosas, desprovistas de la más mínima credibilidad y rozando lo grotesco: manchas de humedad en una pared que se hacen pasar por mensajes del más allá, ovnis visitantes que seducen y “abducen” a muchas personas que luego nos cuentan sus experiencias en lejanos planetas, fantasías en torno a la aventura espacial –el hombre no llegó a la Luna, fue un montaje de Hollywood; hay bases extraterrestres en Marte y la NASA lo sabe; el hombrecillo de Roswell era un extraterrestre al que le hicieron la autopsia (y no un burdo muñeco de plástico); los círculos en las cosechas de cereales son mágicos y realizados por naves de otras civilizaciones, como las figuras de Nazca y otros lugares antiguos; incluso el delirio de asimilar los libros sagrados a aventuras de astronautas de otros planetas-, experiencias cuasimísticas en torno a las llamadas “paraciencias”, y esencialmente la parapsicología, posibilidad de mover con la mente y a distancia objetos, y demás fantasías que podríamos muy bien llamar, simplemente, bobadas.
Promover la cultura científica es también denunciar esas actitudes, mostrar lo que tienen de engaño, de delirio incluso. Es tarea de los científicos, de los comunicadores... y de las autoridades. Sobre todo, de las autoridades. Otra de las asignaturas pendientes.
Lástima que después de veinte años muchas de las cosas buenas que tuvo aquella Ley de la Ciencia se quedaran a medias, y otras que pudieron haberse desarrollado posteriormente nunca llegaron a ver la luz. Hemos señalado tres aspectos, al que habría que añadir un cuarto, relacionado con el apoyo público a los comunicadores y divulgadores de la ciencia para el gran público –en museos, desde luego, pero también en los medios de comunicación, en la edición de libros y revistas, etc.-, que quizá en un futuro próximo debieran estar en agenda política de nuestras autoridades, tanto europeas, como nacionales, autonómicas e incluso locales.
Ojalás este recordatorio, algo teñido de nostalgia, de una excelente ley que luego evolucionó peor de lo que esperábamos, sirva de nuevo punto de partida para mejorar lo que no se hizo del todo bien, y para potenciar aquello que iba y va por buen camino.






Manuel Toharia, es colaborador del Programa "Las Huellas de la Memoria"

sábado, julio 14, 2007

PROSIGUEN LAS INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA "LAS HUELLAS DE LA MEMORIA"

Durante estos meses hemos continuado con los diferentes campos de trabajo de investigación en Sanlúcar de Barrameda y Doñana. Hemos hecho otro gran esfuerzo de recopilación sobre todo de datos socioculturales.



El Dr. González Barón (en la foto)
En lo que respecta al área de Genética y Neurobiología, seguimos la línea de analizar el cáncer y su desarrollo en la zona. Estamos pendientes de empezar a abrir una ronda de encuentros con la Asociación de Lucha contra el Cáncer, además de profundizar en documentación facilitada por Manuel González Barón, paisano sanluqueño, y uno de los Oncólogos con mayor prestigio Internacional. La Documentación analiza datos precisos y estamos haciendo una comparativa con los elementos nocivos presentes en Sanlúcar, referidos a la construcción, tejidos, vestimenta, alimentación. También en otro aspecto estamos tratando diversos temas propuestos por Javier de Felipe respecto al entorno. Recordamos que Javier de Felipe es Neurólogo del Instituto Ramón y Cajal.

En otro orden de cosas, en cuanto a Biología de la Conservación, con la ayuda de ciertos miembros de Instituto Oceanográfico de Cádiz, Greenpeace y Ecologistas en Acción, estamos ultimando datos sobre los depósitos de metales pesados de Aznalcóllar en especies de la desembocadura, además de reordenar el conflicto abierto en Doñana sobre las formas de conservar la biodiversidad del medio. Miguel Delibes y Javier Castroviejo, continúan siendo grandes referentes, además del Coordinador de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), Javier Cobos Aguirre.
Miguel Delibes se ha convertido en uno de los grandes apoyos humanos para que pueda llevar a cabo este trabajo de investigación. Su discurso y argumentaciones ponderadas facilitan mucho la interpretación de tantos informes con tintes alarmistas.

En cuanto al terreno de Arte y Patrimonio Antropológico estamos poniendo orden en numerosa documentación que teníamos, especialmente del mundo del Flamenco, siendo en este caso la Agencia Andaluza de Flamenco, Manolo Sanlúcar, Encarnación Marín “La Sallago” y Cristina Cruces, los que más aportaciones están haciendo en esta etapa.

Y en Naturaleza Humana y Psicología Social, estamos pendiente de la evolución de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” en los centros docentes, por su importancia, y el análisis de nuevas drogas y costumbres entre los jóvenes. Hemos notado que están aumentando los infartos en personas muy jóvenes, aunque no podemos precisar aún la asociación entre consumo de estas sustancias y dichos infartos.




Recordamos que este Programa de Investigación cuenta con la colaboración de la UNESCO, Junta de Andalucía, la Fundación Cultura de Paz, Fundación "Félix Rodríguez de la Fuente", Proyecto Hombre, CSIC, Estación Biológica de Doñana, y otros organismos públicos y privados.




Manuel J. Márquez Moy (Coordinador del Programa "Las Huellas de la Memoria")

viernes, julio 13, 2007

A PESAR DE LAS NUMEROSAS TRABAS EL AYUNTAMIENTO COMIENZA SU RODAJE CON GESTIONES SERIAS PARA LA CIUDAD




La nueva corporación municipal ya va encarrilando su gestión. A Irene García le ha costado trabajo organizar el caos que se ha encontrado en el Ayuntamiento, a todos los efectos, aunque todavía quedan bastantes problemas que abordar de enormes proporciones, y especialmente el económico y falta de liquidez. Como dato curioso, ha desaparecido hasta el aire acondicionado de la sala de prensa, con lo que se las ven y las desean cada vez que tienen que hacer uso de ella para comunicar las diferentes gestiones que se están llevando a cabo desde las distintas Delegaciones, o desde la propia Alcaldía a los medios de comunicación. Y si no que se lo digan a Luis García Garrido, Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, que estuvo en Sanlúcar de Barrameda despachando con Irene García para retomar los convenios institucionales que se habían firmado años atrás y por incumplimiento del gobierno municipal saliente se habían quedado estancados.
Por lo tanto, se cerró un calendario para reanudar la Comisión de Seguimiento de las obras que están previstas terminar y poner en marcha.
Entre ellas cabe destacar la construcción y acondicionamiento de las 90 viviendas sociales del Almendral en su primera fase, que va ha ser ampliada al otro bloque restante de la zona y un parque y paseo que saque de la marginalidad a esta área de Sanlúcar, además de quedar pendiente más búsqueda de suelo público por parte de la Alcaldesa para la construcción de más grupos de viviendas sociales.





Rueda de Prensa de Luis García Garrido e Irene García en el Consistorio Municipal del Palacio. Era la segunda vez en siete años que lleva al frente de Obras Públicas que solicitaban una reunión en el Ayuntamiento con García Garrido.










Así mismo acordaron poner en marcha de una vez por todas el suelo industrial de El Perejil y de otros lugares con la colaboración de la EPSA y Zona Franca de Cádiz, y los sempiternos accesos a la ciudad, una vez que ya se han entregado sin deficiencias los proyectos que faltaban por parte del Ayuntamiento sanluqueño. Recordemos que el 60 por ciento lo costea la Consejería de Obras Publicas y el 40 por ciento restante el Ayuntamiento, según el Protocolo firmado en el 2.001.

También se hizo especial hincapié, a petición de Irene García, la ampliación del área de actuación sobre el casco histórico que la Junta está realizando a través de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas, además del desarrollo de un proyecto de Parque de Ocio en el emblemático Parque de las Piletas, que precisamente Mariuca Cano, Delegada de Cultura, ha anunciado hoy que abrirán sus puertas de nuevo para el disfrute de todos los ciudadanos con actividades complementarias. Esta noche a las 10 se hará la apertura oficial.
Posteriormente Luis García Garrido se encaminó hacia el Barrio Marinero para presidir la Mesa de Participacion sobre la rehabilitación de los Cascos Históricos.
Reunión en el Bar Chacón de la calle Rubiños de la Mesa de Participación con los vecinos de la zona que coordina la Oficina de Rehabilitación de los Cascos Históricos del Barrio Alto y Bajo.

Aunque nadie va a quedar satisfecho del todo este año en la temporada de verano hay que reconocer el esfuerzo que Inmaculada Muñoz, Delegada de Medio Ambiente y Playas, junto a la Demarcación de Costas, han efectuado para equipar la playa, redistribuir la arena, aunque no esté lo suficientemente limpia, pero hay que reconocer que se ha desarrollado un sobreesfuerzo para que casi todo esté en condiciones.

Y por último recalcar la visita hoy viernes a Madrid de la Alcaldesa para abrir los protocolos de actuaciones con el Ministerio de Interior, con vistas a ubicar definitivamente la Policía Nacional y Local en edificios decentes, propios para una ciudad como Sanlúcar de Barrameda.


Manuel J. Márquez Moy

miércoles, julio 11, 2007

RUIZ MATEOS, EL HOMBRE QUE NACIÓ BAJO UNA BOTA DE VINO

Ruiz Mateos el día de su excarcelación hace escasas semanas


Le conocí personalmente en 1.997. Compartimos toda una tarde en Rota, su ciudad natal, a solas en su despacho. Habíamos quedado para una entrevista para la TV, dentro de la Serie “Quijotes” que yo dirigía y presentaba. Entrevistas con cierto tono intimista. José Mª se presentó como un hombre rejuvenecido, aparentaba fortaleza y buen estado de forma. Bromeamos sobre el Rayo Vallecano, pues eran sus tiempos en los que él presidía el club de fútbol madrileño.
Había sido capaz de remontar el estropicio que hicieron con él y con Rumasa en el año 1.983, después de todo un calvario de penalidades y vejaciones. La justicia debe ser igual para todos, pero algo me hacía ver que con este hombre se habían cebado por cuestiones que se han dado en llamar conspirativas. Me comunica un amigo economista que aquello de la expropiación de Rumasa fue evidentemente un acoso y derribo contra un holding, que si bien entrañaba graves riesgos para la estabilidad económica del país, no fue la forma apropiada. Quizás se debía haber actuado en ciertas empresas y esclarecer ciertos asuntos turbios que podían estar constituyendo un delito al fisco. Pero de ahí a la expropiación completa del holding fue una actuación exagerada y desproporcionada, como después se demostró ante la Comunidad Europea.
El día de mi entrevista con José María Ruiz Mateos en su despacho en Rota para la serie de TV "Quijotes".

José María Ruiz Mateos había ya creado en 1.996, lo que ha llegado a ser su nuevo holding, Nueva Rumasa, con más de 700 empresas, superando incluso al número que le expropiaron aquella fatídica noche del 23 de Febrero de 1.983.

En la entrevista dejó claro sus firmes convicciones religiosas, como practicante. Su amor a la madre y al conjunto de la familia. Su innata intuición de emprendedor empresarial. Su tenacidad y su gran calidad humana. Aclaró, que él realmente nació en Rota (14 de Abril de 1.931), aunque la gente se empeñaba en llamarle “empresario jerezano”, algo que no le molestaba en absoluto.

Evidentemente había críticas de los que fueron sus trabajadores en Rumasa, por distintas razones, algo que no hay que obviar, pero un hombre que es capaz de resurgir y volver a crear 700 empresas, es significativo por su don para tales menesteres. Los medios de comunicación y él mismo se convirtió en un personaje mediático, a su pesar, pero no le quedaba más remedio para que el escándalo de Rumasa no quedara en el olvido. No tuvo más remedio que acudir a sus populares puestas en escena ora de Superman o de mujer con tacones y cualquier otro disfraz extravagante para un hombre que siempre había sido reconocido por su seriedad en el trabajo y en el mundo empresarial. No era fácil aquello, me comentaba. Tenía que tomarse algún lingotazo de güisqui para poder salir a la calle vociferando sus reivindicaciones.

Aprendió incluso mucho, según me contaba, de su paso por las cárceles, Alcalá Meco y Alemania, donde se convirtió en confidente y consejero de algunos presos.

Le lanzó un guante a Sanlúcar de Barrameda en aquella entrevista que nadie supo recoger, pues estaba dispuesto a invertir en alguna empresa seria que hubiese en nuestra localidad.

El más alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, había sentenciado el 23 de Junio de 1993 a favor de los Ruiz - Mateos, condenando al Estado español por una doble violación de los Derechos Humanos. La primera porque la causa no fue vista en plazo razonable y la segunda, por no ser oído ni concederle audiencia a Ruiz - Mateos en la causa de inconstitucionalidad sobre la expropiación, aparte de darle un varapalo al gobierno y Justicia española al reconocer la desproporcionada duración del proceso judicial.
Pero, ¿qué había pasado con todo lo expropiado, empresas de todo tipo, bancos, como el Banco Atlántico, grandes superficies como Galerías Preciado?. El caso es que los tribunales le dieron la razón a Ruiz Mateos para que se le indemnizara y devolviera las empresas. Empresas que se habían liquidado ya por el propio Estado, vendido a precios ridículos, o a amigos del ex Presidente del Gobierno Felipe González, los hermanos Cisneros, entre otros, según indicó el propio Ruiz Mateos. Según Ruiz Mateos, si Felipe quería ganar las elecciones del 82 y tener el apoyo de la Banca, debía a cambio emprender una reconversión industrial, entrar en la OTAN, monopolizar las compañías hidroeléctricas y quitar de enmedio a RUMASA. Esa fué la maniobra en pocas palabras, aunque con razones de intereses de la Banca española de mayor calado.

Nos encontramos ante una situación esperpéntica, desde mi punto de vista, cuando vemos hace unas semanas volver a la cárcel un ya envejecido Ruiz Mateos, después de tantos años sufriendo y habiendo ya recuperado al menos la verdad que se escondía tras el caso RUMASA. Lo sorprendente de todo esto es que nadie dice nada de los Albertos, por ejemplo (Alberto Alcocer y Alberto Cortina), y cuando se ensañan nuevamente con los Ruiz Mateos, realmente alguna sombra de sospecha aparece sobre la noticia de su vuelta a prisión, aunque resuelta a la semana al concedérsele el tercer grado por su estado de salud.

Algunos pensarán que yo tengo negocios ahora con José Mª Ruiz Mateos. Bien es cierto que no hemos perdido la amistad desde entonces, desde aquel año de 1.996, pero aunque el capitalismo y las cuestiones económicas no son mi devoción particular, rarezas de uno, no puedo dejar de dudar que realmente Miguel Boyer propiciara todo este extenso capítulo de la Historia de España por el bien de la democracia, como adujo en su momento. Me decía José Mª, que cuando pasaban revista a los reclusos por las mañanas, él cada día cuando formaba fila como uno más, recordaba voz en grito: “¡¡falta Boyer!!”.
Manuel J. Márquez Moy

ADENA/WWF, GREENPEACE, LA SEO Y ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIAN EL PELIGRO DE LAS MINAS DE LAS CRUCES Y SU REPERCUSIÓN EN EL GUADALQUIVIR


Os dejo con el texto prácticamente completo de la denuncia de estas organizaciones conservacionistas, que advierten con tiempo suficiente la cantidad de irregularidades e ilegalidades contempladas en la explotación de las Minas de "El Cobre de las Cruces" y sus graves consecuencias. Después no caben lamentaciones. Es el momento en el que Sanlúcar de Barrameda y otras localidades ribereñas tienen que pronunciarse y evitar futuras catástrofes. Es extenso, sintomático el presente documento de la magnitud del problema que se cierne sobre el maltratado Guadalquivir. Mi agradecimiento a los cuatro organismos por facilitarme en primicia este informe que se hará público en los próximos días.




A LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

AL PRESIDENTE DE LA DEMARCACIÓN DE AGUAS DEL GUADALQUIVIR

A LA DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A LA DELEGADA PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CMA

Santiago Martín-Barajas, Coordinador del área de agua de Ecologistas en Acción-CODA, Guido Smith, responsable del programa de aguas continentales de WWF/ADENA, Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace España y David Howell, coordinador de políticas ambientales de la SEO/BirdLife, e Isidoro Ignacio Albarreal Núñez, Coordinador Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla.

A efectos de comunicación para la presente petición fijamos la siguiente dirección, Centro de Interpretación del Río, Parque de San Jerónimo s/n, 41015-Sevilla.

DICEN
Que por medio del presente escrito venimos a presentar RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, para que se declare de oficio la nulidad de pleno derecho, por lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Resolución

          1. Autorización de Vertidos a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) otorgada el 21 de    octubre de 2003 (AV-SE 01/02) por parte de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental (DGPCA) de la Consejería de Medio Ambiente (CMA), para al vertido principal de aguas residuales industriales desde el proyecto minero de Las Cruces hasta el estuario del Guadalquivir, en La Algaba.
Consecuentemente solicitamos también mediante el presente escrito la MODIFICACIÓN, en base al articulo 26 de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), de la parte correspondiente a los vertidos autorizados por la AV-SE 01/02 que se incorporaron en la

2. Autorización Ambiental Integrada (AAI/SE/007)) otorgada el 11 de marzo de 2005 por parte de la Delegación Provincial de la CMA para la Planta Hidrometalúrgica e instalaciones asociadas del proyecto minero-hidrometalúrgico de Las Cruces, propiedad de la empresa Cobre Las Cruces S.A. (CLC)


Y todas estas pretensiones se fundamentan en que en dichos actos administrativos concurren los presupuestos legales requeridos y así se acredita mediante los siguientes

HECHOS Y ALEGACIONES

1. Que el proyecto minero Las Cruces, ubicado en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, cuyo promotor es la empresa COBRE LAS CRUCES S.A. (CLC), obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con fecha 9 de mayo de 2002. Expediente I.A. SE/131/00. (DIA publicada en el BOP de Sevilla nº 161 de 13 de julio de 2002, páginas 7943 a 7955).

2. Que, según se pone de manifiesto en la pág 7943 de esa DIA, la tramitación de este expediente se inicia el 23 de junio de 2000. Durante su tramitación, dada “la necesidad testada de completar determinados aspectos de la gestión hídrica del proyecto …... con fecha 9 de octubre de 2001, se solicita al promotor del proyecto la subsanación de determinadas deficiencias significativas detectadas en el expediente que impiden la formulación de la DIA” .

Esas deficiencias fueron puestas de manifiesto mediante 2 informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de ese Ministerio de Medio Ambiente, a saber,

a. 26 de septiembre de 2001 “Informe de la incidencia ambiental del proyecto minero Las Cruces sobre el medio hídrico”.

b. 11 de enero de 2002, “Informe de incidencia ambiental del Proyecto minero Las Cruces sobre el medio hídrico, en relación con la documentación aportada bajo el título general Adecuaciones y aclaraciones sobre incidencia ambiental en el medio hídrico”.

3. Que para subsanar esas deficiencias significativas, la empresa CLC presentó el 11 de febrero de 2002 una nueva adenda del documento citado “Adecuaciones y aclaraciones sobre incidencia ambiental en el medio hídrico” bajo el subtitulo de ALTERNATIVAS DE VERTIDO del PROYECTO LAS CRUCES (documento que consta en el expediente de evaluación ambiental IA SE/131/00 de la Consejería de Medio Ambiente y que fue remitido en su día a la CHG.

4. Que ese documento es simplemente un estudio de alternativas, y que no puede ser considerado como un Estudio de Impacto Ambiental respecto al vertido principal que va a ser conducido desde la balsa de regulación BR2 del proyecto minero hasta en el Lugar de Importancia Comunitaria del estuario del Guadalquivir.

En ese documento, (18 meses después de iniciar la tramitación de la DIA), se plantea por primera vez la alternativa del vertido principal de aguas residuales industriales desde la balsa de regulación BR2 al río Guadalquivir, mediante una conducción de 11’9 km hasta La Algaba, toda vez que la CHG no autoriza definitivamente dicho vertido desde la BR2 al arroyo Garnacha, dentro del recinto minero. En el documento no se define la alternativa elegida, y se admite que ni siquiera se ha realizado un proyecto básico para esa alternativa. Textualmente se dice (páginas 4 y 5)

“Caso de optarse por esta alternativa, la ubicación precisa del punto de vertido se definirá más adelante en el procedimiento sustantivo y sobre la base de un proyecto básico.”
No se puede considerar por tanto este documento como un Estudio de Impacto Ambiental para las conducciones de evacuación y para el vertido, ya que:

a. No fue sometido a información pública.
b. No se presenta ningún proyecto básico.
c. No fue consultado con el municipio de La Algaba, cuyo término municipal no estaba incluido en el proyecto minero inicial (ver Anexo II de la DIA)
d. Ni siquiera indica cual es la opción elegida de las 2 alternativas nuevas presentadas (río Guadalquivir o Canal del Tamarguillo)
e. No cumple en absoluto con los contenidos mínimos exigidos por el artículo 11 del Reglamento andaluz de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA, Decreto 292/1995), ni con el Capítulo II del Reglamento Estatal de Evaluación Ambiental (Decreto 1131/1988)


(Pulsar sobre los cuadro para ampliar y ver información detallada)



5. Que la Alternativa de Vertido al estuario del Guadalquivir supone cambios sustanciales e insoslayables de competencias respecto a la opción inicial elegida.

El cambio del punto de vertido en el Domino Público Hidráulico (DPH) del arroyo Garnacha al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) del estuario del Guadalquivir (por su influencia mareal) implica un cambio sustancial de competencias desde la CHG en el Garnacha hacía las competencias concurrentes entre la Dirección General de Costas (DGC) del Ministerio de Medio Ambiente (tutela del Estado del DPMT y competente para la concesión de ocupación de ese dominio) y la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental (DGPCA) de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) de la Junta de Andalucía (competente para la autorización del vertido y del uso de la zona de servidumbre de protección del DPMT).

Tabla 5

Estas competencias concurrentes respecto al DPMT entre la DGC y la DGPCA fueron clarificadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 respecto a diferentes recursos presentados contra la Ley 22/88 de Costas.
Con el cambio de punto de vertido se busca deliberadamente evitar el vertido a DPH debido a los reiterados informes negativos de la CHG por incumplimiento de los objetivos de calidad del medio receptor, y ello a pesar del coste añadido, económico y de afección a terceros, que significa la construcción de unas nuevas tuberías de evacuación de casi 12 km. Ni siquiera se plantea la alternativa de una mejora del sistema de depuración que permita alcanzar los objetivos de calidad necesarios, en su defecto se opta por ampararse en el vacío de legal existente respecto a los objetivos de calidad no definidos del estuario del Guadalquivir.
Esta predisposición a ampararse en ese vacío legal para obviar el cumplimiento de los objetivos de calidad se ve posteriormente rubricada por la administración autonómica provincial mediante la primera propuesta de autorización de vertido realizada por los responsables provinciales del Departamento de Calidad Ambiental y del Servicio de Protección Ambiental de la CMA el 13 de diciembre de 2002. En esta propuesta se dice que

“No se considera necesario un plan de vigilancia y control de las aguas receptoras, en tanto no se establezcan normativamente los objetivos de calidad del estuario del Guadalquivir.”
Estos Objetivos de calidad del estuario del Guadalquivir a fecha de hoy, en 2007, todavía no ha sido definidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Para evitar más informes negativos previos a la DIA de 2002, la administración autonómica provincial optó por no realizar nuevas consultas a los nuevos organismos competentes y por no realizar un nuevo periodo de exposición pública de las modificaciones sustanciales que implica la Alternativa de Vertidos, incumpliendo por tanto lo establecido en el artículo 2.1 del Reglamento de EIA de Andalucía.

De hecho, a pesar de todos los cambios sustanciales de competencias que provoca el cambio de punto de vertido, no se solicitaron informes preceptivos y vinculantes a la DGC (ver Anexo II de la DIA de 2002) sobre este cambio de punto de vertido, antes de emitir la DIA del proyecto, y de hecho tanto la autorización de vertido a DPMT como la concesión de ocupación de DPMT se comenzaron a tramitar con posterioridad a la formulación de la DIA.

6. Que la formulación de la DIA de 2002 se realizó sin informe preceptivo y vinculante de la DGC, vulnerando la doctrina de la citada STC 149/91 cuando se produce concurrencia de competencias entre una Comunidad Autónoma y la Administración del Estado. En dicha sentencia se establece que

“La existencia de un informe previo, y preceptivo, en tales casos, es así un medio razonable para asegurar que la realización de los planes y proyectos no encuentre al final un obstáculo insalvable”.
Mas adelante esta sentencia indica que “Cuando, por el contrario, el informe de la Administración estatal proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, incluida la de otorgar títulos para la ocupación o utilización del demanio …. su voluntad vinculará sin duda a la Administración autonómica, que habrá de modificar en concordancia” las autorizaciones referidas en el párrafo b) del articulo 112. También concreta que “…..lo dispuesto en el párrafo b) ha de entenderse aplicable a todo género de vertidos …”


Esta doctrina del TC de consulta previa y vinculante en caso de competencias concurrentes fue la que esa misma administración autonómica provincial tuvo en cuenta durante la tramitación inicial de la DIA de 2002, mediante la petición de informes preceptivos sobre el vertido desde la BR2 al arroyo Garnacha, solicitados a la autoridad estatal competente, la CHG, en paralelo con la tramitación de la DIA, y de hecho, esos vertidos al Garnacha desde la BR2 fueron desautorizados de manera vinculante por la CHG mediante los informes detallados en los apartados 2a) y 2b) de este expositorio.

Por ello resulta más sorprendente aún que el cambio de punto de vertido no fuera sometido a información pública, ni fuera siquiera consultado previamente con el organismo estatal, la DGC del Ministerio de Medio Ambiente que ostenta la tutela del DPMT. De hecho, la DGC no fue informada de este vertido hasta el 24 de enero de 2003.

7. Que en el Anexo I de la DIA de 2002 que describe las Características básicas del Proyecto no están incluidas ni la conducción de evacuación ni la instalación de vertido en el río Guadalquivir.

8. Que con fecha 11 de junio de 2002, posterior a la formulación de la DIA de 9 de mayo de 2002, la empresa solicita a la Consejería de Medio Ambiente autorización de uso de zona de servidumbre de protección del DPMT (AU-SE 02/02) para la “Conducción de abastecimiento al Proyecto Las Cruces”, autorización que se obtuvo con fecha 20 de septiembre de 2002, sin que en esa petición se haga referencia alguna a la conducción de evacuación ni al vertido al Guadalquivir.

9. Que la primera vez que la empresa CLC presenta un “Proyecto básico de abastecimiento y evacuación del agua de proceso del proyecto Las Cruces. Instalaciones y conducciones. Ocupación de DPMT por las tuberías de abastecimiento y evacuación”, es con fecha 26 de julio de 2002 ante el Servicio Provincial de Costas en Sevilla del Ministerio de Medio Ambiente (con posterioridad a la publicación en BOP el 13 de julio de 2002 de la DIA del proyecto minero).

10. La secuencia de hechos descrita demuestra que es materialmente imposible que la DIA de 2002 ampare a esas conducciones de evacuación ni al propio vertido, ya que el proyecto básico de ese proyecto de evacuación y vertido se tramita con posterioridad a la formulación de esa DIA.

11. Que ese “Proyecto básico de abastecimiento y evacuación del agua de proceso del proyecto Las Cruces” está sujeto a un procedimiento de evaluación ambiental según el artículo 11 de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental, ya que es una actividad incluida en el punto 14 del anexo primero de esa Ley, que a su vez se remite al apartado 12 del anexo 2 del Reglamento estatal de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 1131/1988) que en su párrafo final dice

“Asimismo están sujetas al presente reglamento toda obra, instalación o actividad secundaria o accesoria incluida en el proyecto de explotación minera a cielo abierto”
12. Que todas esas deficiencias en el contenido del EIA y en la tramitación de la DIA son causa incluso de anulabilidad de la correspondiente DIA tal como se pronuncia la STSJ de Cataluña, de 16 de diciembre de 1997 (Ar. 2682); FD Séptimo:

“... el Estudio de Impacto Ambiental aportado con el proyecto y la solicitud de la licencia de actividad y la declaración efectuada por la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas, son incorrectos, al contener un conjunto de elementos que no se corresponden con el estudio científico y técnico que la normativa exige, omitiendo especificaciones que mejoren el proyecto e introduciendo otras que no se correspondan con la clasificación que de los impactos establece la normativa aplicable, cuyo análisis ha sido superficialmente estudiado y valorado por el órgano autonómico cuyo informe ahora se impugna, ..., lo que lleva a la conclusión de que procede retrotraer el procedimiento para que se realice un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, que se sujete a la normativa actual dictada en la materia y corrija las deficiencias que, advertidas en el que ahora se analiza, posibilite una declaración correcta por parte de la Administración demandada.”.

y la STSJ (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia) de Canarias, de 21 de mayo de 1999 (Ar. 1254); FD Segundo:

“.. las deficiencias observadas en el EsIA como carecer de contenidos necesarios (programa de vigilancia ambiental, escaso desarrollo de las alternativas, ...) constituyen una falta de contenido mínimo cuantitativo y cualitativo, determinantes de su invalidez”

13. Que con relación a la incorporación extemporánea de contenidos de un EIA (Estudio de Impacto Ambiental), una vez finalizado el trámite de información pública, esa corrección resulta insuficiente, e invalida el procedimiento, anulándolo:
Ø STSJ de Cantabria, de 18 de enero de 2000 (Ar. 12); FD Tercero, sensu contrario: la no presentación del EsIA en el momento debido y posterior presentación sin someterse a exposición pública, invalida el procedimiento al generarse indefensión.
Ø STSJ de Baleares, de 9 de abril de 1999 (Ar. 881); FD Segundo y Tercero: ejemplo de cómo la jurisprudencia no admite interpretaciones flexibles de los contenidos obligatorios del EsIA, además de sancionar la presentación posterior del documento sin someterse a la fase de información pública.

14. Que existe un precedente de realización de una nueva DIA para este mismo proyecto de Cobre Las Cruces, con posterioridad a la DIA del 2002, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, y referido a una parte de la instalación que además, aparecía en el Anexo I de la DIA de 2002 como Característica Básica del proyecto. Concretamente
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 220 kv, de interconexión entre la línea Guillena-Santiponce y la subestación de Las Cruces. Publicada en BOE 263, de 3 noviembre de 2003, páginas 38879 a 38881.

15. Que durante la tramitación de la AV-SE 01/02, realizada según lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de la Ley de Costas (Real Decreto 1471/89), la DGC de este Ministerio de Medio Ambiente solicitó reiteradamente y con buen criterio a la DGPCA que realizara un Declaración de Impacto Ambiental específica para el citado vertido, al considerar que la DIA del proyecto no incluye la DIA del vertido, cruzándose una serie de informes al respecto que se detallan en el documento adjunto “Secuencia de informes entre la DGPCA de la Junta de Andalucía y la DGC del Ministerio de Medio Ambiente respecto a los vertidos tóxicos de Mina Las Cruces en el LIC del estuario del Guadalquivir”. (Se adjunta también copias de los informes referidos)

16. Que en dicha autorización de vertidos, además de otorgarse finalmente sin realizar una nueva DIA (Declaración de Impacto Ambiental) específica, hay que destacar las siguientes e importantes irregularidades:

a. No se estableció ningún límite de vertido para Mercurio, Níquel y Selenio para el vertido principal al Guadalquivir (PUNTO DE VERTIDO NÚMERO 1, páginas 7 y 8 de la AV-SE 01/02), ni para a pesar de que las tres sutancias están clasificadas como sustancias peligrosas en la lista I y II del RD 258/1989, de 10 de marzo, sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.

b. Especialmente sospechosa es la ausencia del Mercurio y del Selenio, ya que las concentraciones de estas sustancias fueron las que motivaron que la CHG no autorizara el vertido de la BR2 al arroyo Garnacha, mediante los informes referidos en los apartados 2a) y 2b) de este expositorio.

c. Condición Particular 2ª ilegal (pág 7 de la AV-SE 01/02), ya que dice textualmente:

“2ª. Dado que está en trámite, la concesión de ocupación de DPMT (Dominio Público Marítimo Terrestre), esta autorización de vertido se otorgará condicionada a la necesaria obtención de la concesión de dicha ocupación por parte de la DGC del Ministerio de Medio Ambiente. Una vez recibida, la empresa COBRE LAS CRUCES S.A. deberá enviar a la Consejería de Medio Ambiente una copia autentificada de dicho título concesional”

Es obvio que esta Condición Particular denota, una vez más, el nulo respeto de la CMA de la Junta de Andalucía hacia el carácter previo y preceptivo de la necesaria concesión de ocupación de DPMT por parte de la DGC, (establecido en el artículo 112 de la Ley de Costas y regulado mediante el artículo 150 del Reglamento de Costas), más aún cuando esa DGC solicitaba la realización de una DIA específica para el vertido en cuestión. Hay que recordar en este punto nuevamente la doctrina de la STC 149/91 detallada en anteriores expositorios.

Esta STC 149/91 aparece como FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO en la misma resolución de aprobación del expediente AV-SE 01/02 donde aparece la analizada Condición Particular 2ª.

d. CONDICIÓN GENERAL 3ª incongruente con la propia autorización (pág 3 de la AV-SE 01/02), ya que establece la siguiente Limitación

3ª Queda prohibido, en todo caso, mezclar aguas limpias, de refrigeración o de cualquier otro tipo con aguas residuales al objeto de alcanzar las especificaciones de vertido por dilución

Sin embargo, la propia autorización establece en el PUNTO DE CONTROL NÚMERO 5 (pág 13 de la AV-SE 01/02) un influente a la balsa BR2 procedente de la torre de refrigeración, que mezclara aguas de refrigeración con los otros vertidos industriales, antes de ser vertidos al estuario del Guadalquivir.

17. Que en la Autorización Ambiental Integrada el 11 de marzo de 2005 en la que se actualizaron los límites de vertidos desde la BR2 al estuario del Guadalquivir, en DPMT (pág 21 de la AAI), nuevamente se cometieron los siguientes incumplimientos:

a. No se presentó la documentación exigida por la legislación de costas respecto a la justificación de la imposibilidad del vertido cero, incumpliendo el articulo 12.1.c) de la Ley 16/2002. En concreto, NO se han presentado los siguientes documentos exigidos por la legislación de costas

i. Artículo 57.2. de la Ley de Costas. En el caso de vertidos contaminantes es necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos.

ii. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 13 de julio de 1993 (BOE 27-7-1993, núm 178, pág 22861) en la que se establece la Instrucción para los proyectos de conducciones de vertidos desde tierra a mar. En este caso, la conducción de vertido está regulada en el artículo 6 Proyectos de vertidos a través de conducciones de desagüe de la citada Instrucción, que en referencia al articulo 4.2 indica:

4.2 Alternativas.- Conforme con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Costas, el proyecto ha de incluir un análisis de alternativas y la justificación, con criterios científicos, técnicos y económicos, de la imposibilidad o dificultad de aplicar otra solución para la eliminación o tratamiento de los vertidos. Este análisis deberá considerar la posibilidad de reutilización en tierra de las aguas residuales,….

Más adelante, en el apartado 6.2.3 Estudios complementarios de la Instrucción se indica, refiriéndose a las exigencias diferentes para las conducciones de desagüe respecto a los emisarios submarinos:

b) Las posibilidades de reutilización del efluente son más elevadas, dadas sus características, por lo que la justificación de la solución de vertido al mar deberá ser especialmente desarrollada en el estudio de «Alternativas de vertido».


Todo esto significa que es de obligado cumplimiento, y especialmente para las conducciones de desagüe, la justificación de que es imposible buscar una solución técnica que evite la realización de esos vertidos. Justificación que no se ha realizado.

b. No se presentaron tampoco las siguientes documentaciones exigidas por la legislación de costas respecto a la prevención ambiental, exigidas por el apartado 6.2.3 c) de la Instrucción de 13 de julio de 1993, e incumpliendo nuevamente el articulo 12.1.c) de la Ley 16/2002, a saber, informes de “Hidrodinámica”, “Biocenosis inicial y contaminación de fondo”, “Batimetría, Geofísica y Geotecnia”, “Clima marítimo” y “Dinámica litoral”.

Tampoco se presentaron estudios sobre los ecosistemas acuáticos que se verán afectados directamente por el vertido, ni sobre el estado ambiental general del lugar en el que se ubicará el vertido y los posibles impactos que se prevean, incumpliendo otra vez el articulo 12.1 a) de la Ley 16/2002.

Sin embargo, en el EIA inicial del proyecto de febrero de 2001, cuando el vertido principal de la BR2 se proyectaba sobre el arroyo Garnacha (vertido que no autorizó la CHG), sí se presentaron diversos estudios sobre la incidencia ambiental del proyecto en general y de los vertidos en particular sobre los ecosistemas fluviales y sobre las vegetaciones de ribera y palustre de los arroyos Garnacha y Molinos. Concretamente en los puntos 8.5.27, hasta 8.5.30 de las páginas 8-79 hasta 8-84 del Capítulo 8: Identificación, valoración y corrección de impactos del citado EIA.


c. Incumplimiento de los artículos 11.4 y 12.3 de la Ley 16/2002.
El artículo 11.4 de la Ley 16/2002 que regula las AAI dice textualmente:

11.4. Las Comunidades Autónomas dispondrán lo necesario para posibilitar la inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de las siguientes actuaciones:
a) Las actuaciones en materia de evaluación ambiental, u otras figuras de evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica, cuando así sea exigible y la competencia para ello sea de la Comunidad Autónoma.

y el artículo 12 de la Ley 16/2002, en su apartado 3 dice:

12.3 En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, la solicitud de la autorización ambiental integrada incluirá, además, el estudio de impacto ambiental y demás documentación exigida por la legislación que resulte de aplicación.

Por tanto, dado que la legislación ambiental andaluza obliga a la realización de una DIA específica del vertido, es de obligado cumplimiento la inclusión de esa DIA específica dentro del trámite de la Autorización Ambiental Integrada, y esto no se ha hecho.

d. Sigue sin establecerse un límite de vertido para el Selenio en el vertido principal al Guadalquivir (PUNTO DE VERTIDO NÚMERO 1, páginas 21 de la AAI), a pesar de fue la concentración de Selenio lo que impidió la autorización de este vertido al arroyo Garnacha.




e. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES C.1.1 incongruentes con la propia AAI, (pág 19 de la AAI) ya que mantiene que

Queda prohibido, en todo caso, mezclar aguas limpias, de refrigeración o de cualquier otro tipo con aguas residuales al objeto de alcanzar las especificaciones de vertido por dilución.

Mientras que en la pág 23 de la misma AAI se dice: “Se autoriza la emisión de los rechazos de las torres de refrigeración hacia la Balsa de Regulación BR2”

Balsa BR2 en la se mezclan esas aguas de refrigeración con las demás aguas residuales antes de ser vertidas al estuario del Guadalquivir.



f. Mas CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES C.1.1 incongruentes con la propia AAI, (pág 19 de la AAI) ya que mantiene que se establece que
“En caso de que se detecte en los vertidos autorizados la presencia de sustancias peligrosas contenidas en las listas I y II del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar, la presente autorización será revisada”

Pero resulta que el Mercurio y el Cadmio están en la lista I del RD 258/1989 y el Cinc, Cobre, Niquel, y Plomo están en la lista II del RD 258/1989, y todos ellos están presentes en la tabla de valores límites autorizados de la página 21.

Por tanto, la AAI establece como condición general que, dada la peligrosidad de las sustancias autorizadas, la propia AAI tiene que ser revisada.

g. Incumplimiento de la Directiva Habitats.
Desde su inclusión en la propuesta andaluza de LICs de abril de 1999 y con la publicación definitiva del 19 de julio de 2006, el estuario del Guadalquivir está declarado como LIC con un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios.

Para este tipo de LICs el artículo 6 Medidas de conservación del R.D. 1997/1995, que traspone a la legislación estatal la Directiva 92/43/CEE de habitats establece las siguientes restricciones:

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, ……….las Comunidades Autónomas correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. ……..
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. En este último caso, a través del cauce correspondiente, habrá que consultar, previamente, a la Comisión Europea.
Es evidente que en beneficio de la autorización del vertido no se pueden alegar razones de salud humana (todo lo contrario), ni de seguridad pública (todo lo contrario), ni relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente (todo lo contrario), ni razonas imperiosas de interés público de primer orden.
Y en todo caso, no tenemos constancia de que se haya consultado a la Comisión Europea la autorización del vertido, ni la AAI.


18. Que tanto en la autorización AV-SE 01/02 como en la AAI se han considerado las aguas directamente afectadas por el vertido de la BR2 como LIMITADAS en relación al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la Orden de 14 de febrero de 1997, dado que en dicha Orden se determino específicamente que los objetivos de calidad del estuario del Guadalquivir se definirían en una Orden posterior. Esto significa que dichos objetivos de calidad se han asimilado a los del estuario de los ríos Tinto y Odiel y a los de la Bahía de Cádiz, ambos con características muy diferentes al estuario del Guadalquivir.
Pues bien, 10 años después, la Junta de Andalucía sigue sin definir esos objetivos de calidad específicos para el estuario del Guadalquivir, a pesar de su declaración como LIC.


19. Que el pasado 15 de febrero de 2007, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción municipal relacionada con el proyecto de Mina Las Cruces donde se instaba a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que realice un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental específico para la construcción de las tuberías y para el vertido tóxico como exigen la legislación actual andaluza, estatal y europea de protección del medio ambiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO: Que el órgano competente para resolver es el mismo que dictó el acto.

SEGUNDO: El recurrente goza de legitimación al tener la condición de interesado reconocida en los expedientes.

TERCERO: Que el artículo 108.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común viene a establecer que contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

CUARTO: Que se dan los supuestos previstos el artículo 26 de la Ley 26 de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) para la modificación de oficio la AAI/SE/007, teniendo en cuenta además que todavía no se están produciendo de manera efectiva los vertidos al DPMT.

QUINTO: La Condición General C.1.1 de la AAI/SE/007 que prevé la revisión de la autorización.


Todos los HECHOS, ALEGACIONES y los FUNDAMENTOS DE DERECHO presentados justifican sobradamente el presente RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN cuya resolución favorable debe conllevar la anulación de pleno derecho de la autorización de vertido a AV-SE 01/02 y a la modificación de la AAI/SE/007 que han sido otorgadas con sustantivas deficiencias legales, en la forma y en el fondo, y que dado que los vertidos que esas autorizaciones amparan no se han hecho todavía efectivos, y dado que el punto de vertido previsto está situado en el Lugar de Importancia Comunitaria Bajo Guadalquivir, lo que confiere un grado de protección ambiental a ese LIC muy por encima de las condiciones previstas en esas autorizaciones, está esa Consejería de Medio Ambiente en disposición de atender nuestras justas peticiones, en aras de la efectiva Prevención y Protección de la Calidad Ambiental.

Por todo ello

SOLICITAMOS
Que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo y en su virtud se declare de oficio, la nulidad de pleno derecho (de 1.) y la modificación (de 2.) respectivamente, por las causas invocadas, de las siguientes resoluciones
1. Autorización de Vertidos a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) otorgada el 21 de octubre de 2003 (AV-SE 01/02) por parte de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental (DGPCA) de la Consejería de Medio Ambiente (CMA), para al vertido principal de aguas residuales industriales desde el proyecto minero de Las Cruces hasta el estuario del Guadalquivir, en La Algaba.

2. Autorización Ambiental Integrada (AAI/SE/007)) otorgada el 11 de marzo de 2005 por parte de la Delegación Provincial de la CMA para la Planta Hidrometalúrgica e instalaciones asociadas del proyecto minero-hidrometalúrgico de Las Cruces, propiedad de la empresa Cobre Las Cruces S.A. (CLC)

OTRO SÍ SOLICITAMOS
3. Que respecto a la AAI/SE/007, en ningún caso se autorice ningún tipo de vertido procedente de la BR2 al LIC Bajo Guadalquivir ni a los arroyos del entorno, ni por supuesto al acuífero Niebla-Posadas, sino que se obligue al titular de la explotación minera (como buen uso de las ingentes subvenciones públicas recibidas) a reutilizar mediante la conveniente depuración y posterior recirculación dentro de la explotación minera de TODOS los efluentes que llegan a la BR2.

4. Que la Consejería de Medio Ambiente y la Demarcación de Aguas del Guadalquivir, en sus respectivas competencias respecto al Dominio Público Marítimo Terrestre, a la mayor brevedad posible, y usando todas las informaciones técnicas disponibles, definan legalmente los Objetivos de Calidad de las aguas afectadas directamente por vertidos del Lugar de Importancia Comunitaria ES6150019 correspondiente al Estuario del Guadalquivir.

5. Que en el desaconsejable caso de que se autorice finalmente algún tipo de vertido procedente de la BR2 de la Mina Las Cruces, se realice un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental específico para ese vertido tóxico como exigen la legislación actual andaluza, estatal y europea de protección del medio ambiente, y si es preceptivo, se consulte previamente a la Comisión Europea.

En Sevilla, a 18 de junio de 2007

Santiago Martín-Barajas,
Coordinador del área de aguas de Ecologistas en Acción-CODA,

Guido Smith, responsable del programa de aguas continentales de WWF/Adena
Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España

David Howell, coordinador de políticas ambientales de la SEO/BirdLife.

Isidoro Ignacio Albarreal Núñez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla































lunes, julio 09, 2007

"EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA"

De manera clara, desde mi óptica, Luisa Isabel expone su visión sobre la controvertida asignatura de "Educación para la Ciudadanía", a la que califiqué en esta misma revista de urgente y necesaria.












Luisa I. Álvarez de Toledo en la foto




Décadas de endoctrinamiento en un relativismo salvaje, que niega la verdad y erradica la ética, bajo el imperio intelectual de la moral católico - capitalista, que diluye los conceptos equidad y justicia, en el de "caridad" virtud teologal, han mutado al ciudadano en siervo. Lo es de un sistema, que al necesitar vender más para producir más, hace del sano cliente de laboratorio, si no del quirófano, fomentando el rechazo del "yo" exterior, modelado por madre naturaleza, y del racional en general eterno descontento, condenado a trabajar más, porque al desear más, ha de satisfacerse, privándose del tiempo que le permitiría disfrutar de lo que adquirió. Esclavo del mercado lo es del banco. Y por extensión del jefe. Aferrado al puesto de trabajo, si no a la posición económico social, adquirida en precario, se aferra al salario y emolumentos, que permiten saldar trampas. Por dinero soporta humillaciones, comete vilezas y se deja la dignidad, por temor a verse lazando al abismo de la masa excedente, excluida de la sociedad, por estarlo del mercado.

Obnubilada la mayoría por la necesidad de poseer; silenciada, marginada y perseguida minoría en extinción, que aún conserva el sentido de la verdad y los valores éticos, hemos dado en sociedad controlada el puñado de individuos, que al detentar el poder económico, controlan el político. Creados los dirigentes a su medida, hacen de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial instrumentos a su servicio, fabricando directivos que han convertido los medios de información y la creación intelectual, en vehículo del mensaje y presión psicológica, modulado y modelado según conviene al capital. Reducida la humanidad a suma de unidades esclavas, asumen la función asignada, sin protestas ni pretender mudanza. Dedicado el excedente a la actividad delictiva, que justifica la presencia de un estado protector, el productor - consumidor mantiene el ciclo económico, ejerciendo en los dos extremos, considerándose privilegiado el sector de colaboradores necesarios, cuya utilidad se reduce, cualquiera que sea la naturaleza del empleo o actividad, a mantener el orden que permite al capitalista ganar más, con el fin de tener más, empeñado en carrera desenfrenada, abocada a terminar en descalabro, por crisis, guerra, destrucción del entorno y muerte, cualquiera que sea la dirección elegida.




Representación del capitalismo salvaje en una viñeta













Creían el poder temporal del dinero y el espiritual de la iglesia del capital, haber terminado para siempre con desagradables incordiones, condenados a la muerte civil, por obstinarse en romper su discurso, cuando surgieron inesperados escollos. No estaba previsto que Chavez se mantuviese en Venezuela. Ni que el voto sudamericano se inclinase a la izquierda. Donde lo tuvieron a la mano, frenaron el desagradable viraje, tentando a la corrupción, por aquello de que igualando se ahoga el cambio. Y donde acudieron a la maledicencia. Los que adjudicaron a Irak armas de destrucción, buscando pretexto para usarlas en su guerra de conquista, no se paran ni tienen por qué pararse, en el uso de mentiras de menor enjundia, por no ser tan fácilmente comprobables. Utilizadas con profusión en su constante guerra psicológica, en las modalidades de difamación y calumnia, apenas se anunció la introducción en la enseñanza, con carácter de asignatura obligatoria, una "Educación para la Ciudadanía", que empezaba por enseñar al alumno a distinguir la verdad de la mentira, siguiendo por instrucción concienzuda en materia de ética y lógica, el poder temporal y espiritual del dinero se pusieron en guardia, correspondiendo a la Iglesia, propietaria de la moral y de la formación de todas las generaciones, poner el grito en el cielo.
La jerarquía de la Iglesia Católica ha sido de las primera en poner el grito en el cielo sobre esta asignatura, con todo tipo de descalificaciones (nota del editor).

No había aparecido texto, ni tan siquiera orientativo, cuando los medios arremetieron contra la nueva asignatura. La acusaron de propiciar un neo libertinaje de cintura para abajo, con ribetes de ateismo talibán, cuyos efectos, en cuanto se refiere a la deformación de intelectos, serían más nocivos que la "movida", de infausto recuerdo. Escuchándolos no pude menos que rememorar la actitud del capital y de la iglesia, en aquellos inicios del sistema, conocido por democracia. Aquella promoción descarada de la chabacanería, del despilfarro en la promoción de seudo talentos, de incitación a promiscuidad sexual, objetivamente arriesgada, estando el SIDA recién presentado en sociedad y suelto, del consumo del hachis en particular y de la droga en general, no levantó una voz de protesta, ni tan siquiera de crítica. Aplaudió el capital y le coreó la iglesia, siendo motejados de fascistas, los pocos que enterados de lo que se traía entre manos, advirtieron de las lamentables consecuencias, que aún perduran.
A partir de este recuerdo, concluí que la "Educación para la Ciudadanía", debía ir por muy diferente camino, pero me abstuve de opinar, hasta tanto no hubiese un texto cuando menos, subtitulado "Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho", del que son autores Carlos y Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, editado por Akal. Lo supongo destinado a cursos superiores, si no a instrucción de maestros, pero considerando que su lectura es suficiente, para informarme de la línea de la asignatura, he de decir que a más de ser acertada la idea, la exposición no puede ser más clara. Ni la dirección más correcta.
No hay atisbo de incitación a una forma de conducta o comportamiento sexual. Ni los autores se inmiscuyen en el credo del lector. Por ninguna parte apunta ese "ateísmo confesional", surgido en el siglo XIX, al que tan aficionado ha sido el español, que es, en definitiva, la cara opuesta y paralela, del talibanismo cristiano. En las creencias, como cuestión íntima y personal de cada cual, no se inmiscuye. Como tampoco lo hace en la forma de relaciones que el "otro" establezca. Deja únicamente sentado, que cada cual es libre de establecer las relaciones familiares que mejor le parezca, formalizando la forma de familia que tenga a bien, sin que esto afecte para nada a la respetabilidad, por ser todas igualmente respetables, dando la prueba de buen sentido de no apelar a la "tolerancia", porque "tolerar" no es ni puede ser lo mismo que respetar, con la naturalidad que en todos los casos, hemos de respetar la intimidad del "otro".
Destruyendo el relativismo capitalista, que somete al mundo al imperio de la mentira constante, empieza por restablecer la "verdad objetiva", probando su presencia y existencia, de manera que el lector pueda distinguirla de esa falacia, que es la "verdad relativa". Magnífica por sencilla y contundente, la definición del Estado de Derecho y la explicación del "por qué" no puede ser asimilado al falso estado de derecho, imperante en las dictadura personales u oligárquicas, que son de hecho ciertos sistemas, apellidados "democracia". Sorprendentemente lúcido el análisis del capitalismo, pues en pocas páginas, demuestra las razones por las cuales vine a parar en el desastre, por todos los caminos, lo es igualmente el de los errores, que hicieron inviables los sistemas comunistas, instaurados y extintos en el curso del siglo XX.
Terminada la lectura, a más de adquirido el sentido de la verdad, los principios éticos y de la lógica, por vía de la aplicación práctica, el lector podrá contemplar con claridad, lo que antes presentía, confuso y difuminado. Dotado de herramientas intelectuales para "conocer su necesidad", se habrá puesto en vía de satisfacerla, al comprender "dónde", "por qué" y "cómo" está donde se encuentra.
Hace mucho que se hizo evidente la urgencia de introducir en la enseñanza esta asignatura o similar, de la primaria a la universidad, a través de textos adecuados a la edad del alumno. Tarde ha sido, pero hemos de felicitarnos de que haya sido. En cuanto a las críticas, eran de esperar. Nadie se deja arrebatar el arma que utiliza y le sirve - en este caso la mentira y la falacia de una moral, que es moralina, cambiante y opuesta a la ética y la lógica de todos los tiempos -, sin oponerse, por cuantos medios tenga a su alcance. Como suele decirse, en este caso difamación y calumnias, entran en el sueldo. Igualmente conjura e intriga. Complicada la asignatura para quien ha de impartirla, pues desde la primaria ha de exigir capacidad de análisis y síntesis, a más sentido de la ética y la lógica, es probable que tropiece con la oposición, si no la torpeza de determinados maestros, no habiendo sido adiestrados en estas lides, cuando no con vulgar mala fe. Del profesor o de quien designe para la tarea al más inepto.
En todo caso, a los que contemplamos el hecho desde fuera, solo nos queda felicitarnos ante uno de los pocos intentos, sólidos y serios que se han hecho de mejorar la sociedad y el mundo. Y pedir para los adultos, que no pasamos por esa escuela, que a través de los medios se nos permita participar del aprendizaje de asignatura, que dista de ser una "María".






Luisa I. Álvarez de Toledo (Duquesa de Medina Sidonia)

SANLÚCAR DE BARRAMEDA Y "DOÑANA MÁS AL FONDO TODAVÍA"



El Ayuntamiento de Sanlúcar no asistió a la reunión






Estos días hay marejada administrativa en el Parque Nacional de Doñana (su nombre a partir de ahora es Espacio Natural de Doñana), donde se incluye la Algaida y las Marismas de Bonanza y una pequeña parte de Trebujena que aporta la provincia gaditana.
El Parque tiene más de 100.000 hectáreas. Lo que antes era el Patronato de Doñana y la Junta Rectora, con el traspaso de poderes desde el Ministerio de Medio Ambiente a la Consejería de la Junta de Andalucía, se convirtió la pasada semana en el Consejo de Participación, donde hay 62 miembros de todos los colectivos implicados en la conservación de este espacio protegido, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Este Consejo está Presidido por el científico Ginés Morata (reciente Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias), el nuevo Director-Conservador del Parque, Juan Carlos Rubio, y como Gerente José Juan Chans de la Reserva Científica. Entre otros hay representantes de Ayuntamientos, el mismo Director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, colectivos ecologistas, sociedad de cazadores, agricultores, salineros, empresarios turísticos...

La marejada a la que hacía referencia, es que el primer día de reunión estuvo presente de modo excepcional la Consejera Fuensanta Coves, que recordó que quería descentralizar el lugar de reunión del estrenado Consejo, para que no siempre se hiciera en el Centro de El Acebuche en Almonte. Francisco Bella, Alcalde de esta localidad onubense no cedió para nada ante la propuesta de la Consejera, aduciendo que Almonte tenía el 70 por ciento del terreno del Parque. En fin, que se abrió la eterna batalla de las competencias que ya en su día tuvimos también Sanlúcar de Barrameda con el Alcalde almonteño. No ha sido el único que está en desacuerdo, puesto que los ecologistas también reivindican más parcela de participación en la gestión. Para más problemas o soluciones, ya veremos, hace escasos días que se ha creado el Club Doñana, liderado por el veterano y polémico científico Javier Castroviejo (ex Director de la Estación Biológica de Doñana), junto a Jesús Vozmediano, quienes han presentado denuncias ante la Comunidad Europea por diferentes motivos de ilegalidades e irregularidades en la Administración de Doñana.

Ginés Morata es el primer científico que va a dirigir la Administración de Doñana, dejando atrás el paso de políticos como Enrique Barón, Alfonso Guerra, Isabel Tocino o Jaume Matas.

















Aparte del Consejo de Participación, al ser muy numeroso,62 miembros, para ser más operativo se propuso una Comisión Permanente con sólo 18 miembros, (cinco representantes del Estado, cinco de la Junta, cinco ayuntamientos y Ginés Morata, Juan Carlos Rubio y Fernando Hiraldo), además de tres grupos de trabajo dedicados al desarrollo sostenible, al agua, y a la investigación científica.

Sanlúcar de Barrameda, como no podía ser de otra manera faltó a su cita, con lo que cada día nos alejamos más de la Gestión directa de Doñana, sin apenas voz y no digamos voto. Evidentemente la culpa de todo esto no viene de ahora, ni es responsabilidad directa de la Delegada de Medio Ambiente Inmaculada Muñoz. Este problema, antes con el Patronato y ahora con el recién creado Consejo de Participación nos está dando todas las papeletas para seguir ganándonos la animadversión de otros ayuntamientos y colectivos que reclaman un protagonismo en la gestión de Doñana.

Después queremos tener facilidades para ampliar las rutas por el Parque y otras cuestiones de mayor relevancia y calado, cuando Sanlúcar tiene unos derechos culturales, históricos, administrativos y ecológicos que hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a defender con argumentos serios ante los órganos de gestión. Os pongo un sólo ejemplo de la participación que nuestro paisaje tiene en el Espacio Natural de Doñana, aparte de la aportación de la Algaida y las Marismas de Bonanza. Basta que se rompa una balsa en Aznalcóllar para que nos llegue los lodos hasta los ojos a los sanluqueños. Así que seguiremos, como ya es costumbre entre los ciudadanos y turistas que nos visitan, cada día con más sentido que nunca con aquello de Sanlúcar de Barrameda y la desembocadura y “Doñana al fondo”, y tanto, que nos queda al fondo, inaccesible.







Manuel J. Márquez Moy