PROBLEMAS CONDUCTUALES DEL MENOR por José Chamizo (Defensor del Pueblo Andaluz)

A José Chamizo le debo mucho en mi experiencia con cuestiones sociales. Tuvo una etapa que se le vinculó a su lucha activa contra el narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar, hasta que llegó hace bastantes años a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, entidad que ha dignificado con el tiempo dedicándole horas interminables de vocación.
No se anda por las ramas y ya ha dado bastantes tirones de orejas a los políticos para que atiendan las situaciones marginales del pueblo andaluz. Este sacerdote heterodoxo, atípico, ha conseguido el consenso de todos para seguir ocupando su misión dentro de la Institución a la que representa. Traigo aquí la introducción a su último Informe sobre los problemas conductuales del Menor. Un desafío que es una tarea de todos.



En estos tiempos de cambio, asistimos a un amplio debate social respecto del comportamiento inadaptado de los menores. Se habla continuamente, tanto en la calle como en los medios de comunicación, de indisciplina en los centros escolares, de maltrato entre los propios alumnos, de vandalismo asociado a la botellona, de bandas juveniles, de una creciente delincuencia
juvenil. En definitiva, de todo un conjunto de conductas que presenta como característica en común el asociar de forma inexorable los términos menores y violencia.

Nos estamos refiriendo a diversas modalidades de conductas desajustadas de los niños y adolescentes en las relaciones interpersonales que responden a la definición de trastornos del comportamiento, más o menos patológicos, o bien se encasillan en el concepto de conductas problemáticas, conductas antisociales o cualesquiera otros de significado parecido.

Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un grave problema social, cuyas consecuencias trascienden a las propias familias para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los Tribunales de Justicia. Pero se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales. A este respecto, sorprende el creciente número de casos de menores integrados en familias perfectamente normalizadas, no encuadrables en supuestos de desprotección, y que, no obstante, se muestran impotentes para contener los problemas conductuales del menor a su cargo.

No es de extrañar que las familias lleguen a esta Institución implorando ayuda para afrontar las manifestaciones más graves de este problema en sus hijos. Especialmente, cuando tras un largo e infructuoso peregrinar por las Administraciones públicas comprueban que la única alternativa que éstas les ofrecen para conseguir un tratamiento efectivo para sus hijos pasan, bien porque éste sea desamparado y su tutela asumida por le entidad de protección de menores; o bien por esperar a que cumpla 14 años y su comportamiento le lleve ante un Juzgado de Menores que decrete como medida su internamiento en un centro cerrado.

Sorprende cómo algunas familias acuden desesperadas a nuestra Oficina solicitándonos que hagamos algo por su hijo o hija. Saben que su destino no augura nada bueno ya que el historial creciente de sus “hazañas” así lo demuestra, pero nadie parece darse por aludido. Han pedido ayuda a los servicios sociales de su localidad, han pedido ayuda a los profesores y a la Dirección del centro educativo, han acudido a las citas en los servicios de salud mental y seguido al pie de la letra sus instrucciones, han solicitado el auxilio de los servicios de protección de menores, e incluso se han entrevistado con la Fiscalía en solicitud de ayuda, y la respuesta siempre ha sido la misma, comprenden su situación pero la posible solución excede sus posibilidades.

Sin embargo, la sorpresa es mayor cuando comprobamos que no todos los menores con trastornos conductuales encuentran la misma falta de respuesta por parte de los poderes públicos.

Sorprendentemente, los menores tutelados por la Administración sí disponen de centros residenciales específicamente concebidos para el tratamiento de trastornos de conducta. Un recurso terapéutico que se revela esencial para al tratamiento de los trastornos más graves, pero cuyo acceso queda vedado para el resto de la población menor de edad que no está sujeta a la tutela de la Administración.

Se trata de una situación difícil de entender y sobre todo de aceptar, ya que junto a las carencias en la respuesta de las Administraciones sanitarias, social y educativa a los menores no tutelados con trastornos de conducta, nos encontramos con la existencia de una red de recursos públicos de acceso exclusivo para los menores tutelados y en cuyo control y gestión no parecen tener participación ni la Administración sanitaria ni la educativa.

Una situación ante la que no podía mostrarse indiferente una Institución que se proclama defensora de los derechos de los menores. Por ello, hace ya algún tiempo que asumimos ante el Parlamento de Andalucía el reto de investigar en profundidad los diferentes factores que inciden en el problema de los trastornos conductuales en menores, de analizar las carencias y las virtudes de la respuesta administrativa ante el mismo y, sobre todo, de ofrecer propuestas que permitan mejorar la situación de los menores afectados por los trastornos conductuales y de sus familias.

Del cumplimiento de este deber y de la repuesta a este reto surge el presente Informe Especial que presentamos a la consideración del Parlamento de Andalucía y a la valoración de toda la sociedad andaluza. Un Informe cuya elaboración nos ha permitido concluir que los trastornos de conducta en menores han dejado ya de ser el problema emergente que esta Institución denunciara hace años, para convertirse en una preocupante realidad y en un difícil reto para el futuro. Y todo ello, ante la pasividad de unos poderes públicos que se han mostrado incapaces durante años, no sólo de reconocer la importancia del problema, sino, sobre todo, de ofrecer respuestas eficaces al mismo.

Esperemos que el presente Informe arroje algo de luz sobre un problema tan complejo, y, sobre todo, ofrezca un atisbo de esperanza a aquellas familias andaluzas que deben afrontar día a día el difícil reto de convivir con un menor aquejado de un trastorno conductual.


José Chamizo de la Rubia
Defensor del Menor de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz