El pasado Jueves 17 de Mayo, tuvo lugar una conferencia, con un posterior coloquio, del militante socialista Luis García Garrido (Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), en el Hotel Doñana de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. El acto contó con la candidata a la alcaldía por el PSOE sanluqueño Irene García. El encuentro estaba programado para hablar sobre los problemas de vivienda con diversos colectivos sociales de la ciudad.
Luis García Garrido, a lo largo de su alocución sentenció duramente el daño que durante estos últimos años había supuesto la Ley de Suelo aprobada por el Gobierno de Aznar en 1.998. Una ley, según García Garrido, que prácticamente declaraba que todo suelo era urbanizable, y el valor del mismo era espectante. Ha sido desde 1.998 el periodo de tiempo en el que más viviendas se ha construído, pero eso, aun siendo rentable, ha convertido el concepto de la necesidad de la vivienda de ser un derecho ciudadano a un negocio inmobiliario brutal, con lo que se ha jugado con un bien social básico para endeudar de por vida a las nuevas generaciones.
Calle Muro Alto, junto al Arco de Rota
En Diciembre de 2.002, para contrarrestar en lo posible los daños de La Ley de Suelo del año 98, la Junta aprobó la Ley de Urbanismo de Andalucía, donde se resaltaba que el 10 por ciento de las inversiones municipales por las licencias expedidas para construcción, debía revertir en la construcción de viviendas sociales protegidas para los más desfavorecidos o para seguir adquiriendo patrimonio municipal de suelo. Este dinero, que única y exclusivamente debe estar destinado para ello no se sabe a dónde ha ido a parar, y más cuando nunca se ha construído tanto como en estos 8 años en Sanlúcar de Barrameda, siendo sólo 13 viviendas sociales las promovidas por el Ayuntamiendo, una cantidad ridícula a pesar de los convenios firmados en el año 2.003, en los que la Junta se comprometía a construir viviendas protegidas con el suelo que le cediera el Gobierno Municipal. El equipo de Gobierno no sólo no ha cedido suelo municipal, apelando a la escasez de los mismos, sino que en la campaña electoral promete 1.500 viviendas a un precio fijo de 120.000 euros, algo que llama bastante la atención de García Garrido ya que no le salen las cuentas. En cuanto a la Gran Superficie ante la pregunta de una de las personas asistentes al acto, sólo pudo afirmar que el caso estaba en la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello la nueva Ley de Suelo aumenta hasta un 15 por ciento el dinero que se debe destinar a suelo municipal como resultante de los beneficios económicos urbanísticos y un 30 por ciento de las construcciones a vivienda protegida.
Luis García Garrido, se refirió al incumplimiento sistemático por parte del Ayuntamiento sanluqueño (PP-AS), de estas normas, en relación a la contínua especulación a favor de ciertos nombres y apellidos. Esta gravedad, explicaba el Viceconsejero, se debe concebir el los PGOUs al contrario. Planificar la ciudad que se quiere y después ver quiénes son los titulares de esos terrenos que hacen falta para viviendas, y demás equipamientos urbanos. Reconoció que todavía gobernando el PSOE en su última etapa también se favoreció esta política que ha ido degenerando en crear una ciudad caótica desde el punto de vista urbano.
Instantánea de la visita hace unos días a Jerez para ver su Casco Histórico y su programa de rehabilitación de viviendas organizada por El Centro de Rehabilitación de la Junta.
La nueva Ley de Suelo aprobada recientemente en el Congreso, que entrará en vigor a principios de Junio de este año, cambiará la política urbanística en el país, en las comunidades y definitivamente en los municipios, con la idea principal de dignificar la vivienda como una necesidad y un derecho que debe estar al alcance de las rentas de cada ciudadano, reforzando las figura del organismo Municipal de la Vivienda y la Oficina de Rehabilitación de la Junta para promover el casco histórico de las ciudades y evitar que se queden desiertos por falta de infraestructuras y servicios básicos por lo que se está haciendo un esfuerzo en adecentar las viviendas del casco histórico por parte de la Junta de Andalucía y ayudas al comercio para que también permanezcan en los lugares emblemáticos por excelencia de la antigua ciudad amurallada, para que esos mismos ciudadanos tengan sus comodidades en los equipamientos básicos de farmacias, tiendas de todo tipo, colegios y otros centros sociales.
Manuel J. Márquez Moy
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