Miguel Ferrer midiendo un pollo de águila imperial |
Miguel Ferrer, uno de los máximos especialistas internacionales de rapaces |
Científicos especializados en biodiversidad y medio ambiente se han sumado este martes a las ONG ecologistas que este lunes han exigido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que realicen auditorías públicas a nivel estatal los diversos programas de reintroducción de especies amenazadas y conservación ex situ.
Así, entre los que se suman a esta petición figuran el profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Miguel Ferrer; el senior Ornithologist en el United Kingdom's Natural Environment Research Council y ex portavoz del Consejo de la Royal Society for the Protection of Birds, Ian Newton; el director de Conservación de Hawk Mountain Sanctuary, Keith Bildstein; el investigador de la Universidad de Boise (Estados Unidos) Marc Bechard; el presidente de Highland Wildlife Foundation, Roy Dennis o el profesor de investigación del Museo de Historia Natural de Helsinki
Pertti Saurola; y el profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) Juan José Negro.
En este sentido, el director científico del proyecto de reintroducción del águila imperial en la provincia de Cádiz y de la reintroducción del águila pescadora en Cádiz y Huelva, y en línea con las organizaciones ambientalistas, Miguel Ferrer, ha solicitado que se auditen "todos los programas de reintroducción de especies amenazadas, tanto en lo que se refiere a su financiación como a su metodología científica, adecuación a la normativa, criterios internacionales, grado de cumplimiento y, lógicamente, resultados".
Asimismo, Ferrer va más allá y añade que, "en lo que supone un imprescindible ejercicio de transparencia" solicita también que las organizaciones conservacionistas, empezando por la Fundación Migres que él mismo preside, potencien su legítima solicitud de auditoría con su propio ejemplo y se sometan voluntariamente a la necesaria rendición pública de cuentas, a la que los ciudadanos y administraciones tienen pleno derecho cuando una organización o institución recibe fondos públicos.
Redacción "La Aventura Humana"/Manuel J. Márquez Moy/Europa Press
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