José Luis Rodríguez Zapatero presentó el miércoles el mayor programa de ajuste fiscal de la democracia española. Nunca antes se había reducido el sueldo a más de tres millones de trabajadores ni se habían congelado las pensiones incumpliendo el pacto de Toledo. Para un presidente que ha hecho de los derechos sociales el núcleo central de su programa y que una semana antes se comprometía solemnemente a que nunca haría un ajuste fiscal rápido ni drástico, supone un giro verdaderamente planetario hecho a espaldas de todos los agentes sociales y políticos. Empieza una nueva legislatura, haya o no elecciones anticipadas, porque ha surgido en el escenario político Zapatero II el reformista y es obvio que ha de cambiar sus apoyos parlamentarios.
Se entiende la reacción de la oposición, que se siente una vez más engañada y tiene razón cuando insiste en que el empecinamiento del presidente en negar la realidad les va a costar a los españoles sangre, sudor y lágrimas innecesarias. El ajuste fiscal no es, como la nube volcánica, un suceso natural inevitable. La crisis de la economía española, su completa pérdida de credibilidad internacional y la urgencia de un programa de estabilización no son un accidente, son responsabilidad directa, por acción y omisión, de una gestión económica lamentable, lastrada por prejuicios ideológicos, carente de dirección, presa de un activismo sin sustancia y víctima de las ocurrencias presidenciales. Pero es la hora de la grandeza, de la visión de Estado, porque estamos en una situación excepcional.
La Unión Monetaria estuvo a punto de romperse la semana pasada, literalmente. Y estuvo a punto de romperse por España. Fue la convicción de las autoridades europeas -autoridades políticas, económicas y monetarias- de que España se encaminaba a una suspensión de pagos la que hizo saltar todas las alarmas y provocó un arriesgado salto cualitativo en la construcción europea. Tan arriesgado que ha consolidado definitivamente las dos Europas; la de la Unión Monetaria que avanza inevitablemente a la Unión política y la de la Unión Económica, Comercial y Aduanera. España corrió el riesgo de quedarse una vez más aislada de Europa por la incapacidad de sus actuales gobernantes, que estuvieron a punto de echar al traste con cuarenta años de esfuerzo nacional por derribar los Pirineos mentales. Como consecuencia de sus errores, tuvo que aceptar un protectorado fiscal que el Gobierno intenta disimular como un reforzamiento de la disciplina presupuestaria europea. Es comprensible, pero no es importante.
Lo relevante es que España, como Grecia, Portugal e Irlanda, está a todos los efectos como si tuviese en vigor un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Zapatero no quiso convocar unos nuevos Pactos de la Moncloa y ha tenido que aceptar una segunda edición del programa de estabilización de 1958. Con la misma dependencia y subordinación al amigo americano.
Un programa de estabilización es mucho más que un ajuste fiscal; requiere de reformas estructurales que posibiliten el crecimiento. El objetivo es recuperar la competitividad perdida, en nuestro caso sin poder devaluar. Se puede hacer si hay suficiente voluntad política -siempre un interrogante con este presidente que nunca ha creído en la economía de mercado- y consenso social.
Un programa de estabilización es mucho más que un ajuste fiscal; requiere de reformas estructurales que posibiliten el crecimiento. El objetivo es recuperar la competitividad perdida, en nuestro caso sin poder devaluar. Se puede hacer si hay suficiente voluntad política -siempre un interrogante con este presidente que nunca ha creído en la economía de mercado- y consenso social.
En contra de lo que puede pensar el líder del Ejecutivo, el miércoles hizo la parte más fácil, aplicar una sin duda dolorosa tijera a los presupuestos. Pero no se modificó la estructura de los mismos; aquella que los hace intrínsecamente vulnerables al ciclo económico y que no es otra que el clientelismo político y un Estado de las Autonomías que ha crecido de manera anárquica. Porque la reducción del gasto en medio punto del PIB este año y un punto el que viene no es suficiente para evitar la quiebra fiscal del Estado ni para recuperar una trayectoria sostenible de la deuda pública. Lo sabe el Gobierno, aunque calla su coste y amaga con subidas de impuestos. Habrá concesiones a su electorado en los tramos altos del IRPF, pero eso no rinde fiscalmente y habrá que volver a subir el IVA, tabaco y gasolina. A menos que el Gobierno socialista haya abandonado sus obsesiones y se atreva, según el modelo sueco, a buscar servicios públicos justos y eficientes mediante la introducción de mecanismos de copago y la participación de entidades privadas en su gestión. Subir impuestos o reducir gasto sin perder servicios se convertirá en el centro de la discusión fiscal.
El presidente citó expresamente en el debate los otros dos ámbitos de reforma urgente, la financiera y la laboral, aunque les dio un tratamiento diferente. La primera la considera en marcha, en esto aún no ha recuperado el sentido de la realidad ni la más mínima sensibilidad económica, aunque hay que decir inmediatamente en su descargo que no se diferencia mucho de la oposición. Las fusiones de Cajas de Ahorros avanzan inexorablemente hacia las fusiones intrarregionales tras el precedente catalán. Es una receta segura para el desastre económico, tendremos una crisis mucho más larga y eventualmente habrá que rescatarlas de nuevo con dinero público, y para el desastre político, porque una vez más el Gobierno central quedará desnudo ante los gobiernos autonómicos que mantendrán su instrumento financiero con el que eludir las consecuencias del ajuste del gasto público. Es además difícil imaginar cómo podrán las Cajas en esas condiciones aumentar su capital propio para adaptarse a las nuevas exigencias internacionales.
Pero es en la reforma laboral, y en la energética y en una nueva trasposición de la directiva de servicios, donde verdaderamente España se la juega. Porque lo que está verdaderamente en discusión en nuestro caso es si podremos volver a recuperar tasas de crecimiento razonables sin salirnos del euro. Modificar la negociación colectiva, avanzar hacia el contrato único, reducir el coste del despido, evitar que el seguro de desempleo desincentive la búsqueda de empleo, desjudicializar las relaciones laborales, eliminar la ultraactividad de los convenios y sobre todo fomentar la movilidad funcional y geográfica no crea por sí solo empleos. Pero todo ello es condición necesaria para que se puedan crear. Para progresar habrá que romper con los sindicatos, o al menos que vean enfrente a un Gobierno que ha renunciado a ponerse a sus pies. ¿Habrá llegado a tanto la conversión reformista de Zapatero? Lo sabremos en los próximos días. Y las consecuencias también, porque quien quiera que le haya convencido en su camino a Damasco seguirá vigilando.
El presidente ha abandonado el país de las maravillas. Una democracia madura le exigiría elecciones anticipadas. Una economía en situación de emergencia requeriría un gran consenso nacional y probablemente un Gobierno de gran coalición. No habrá probablemente ninguna de las dos, porque el presidente insiste en que son las circunstancias y no él las que han cambiado. Su irresponsabilidad no exime del deber de grandeza a la oposición ni de la altura de miras suficiente para acompañarle en esta increíble conversión a la racionalidad económica.
Fernando Fernández Méndez de Andés es Economista actualmente del IE Business School y articulista del ABC
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