PINCHAR LA BURBUJA DE LOS FUNCIONARIOS

Las administraciones públicas no han dejado de engordar sus plantillas pese a la severa crisis económica. Un contrasentido que contrasta con la intensa destrucción de empleo en la empresa privada durante los últimos dos años, un proceso que continuará en los próximos meses.

La burbuja de empleados públicos se ha producido con mayor intensidad en autonomías y ayuntamientos. Con el pretexto de la descentralización, las ambiciones identitarias han llevado a los dirigentes autonómicos a crear un colosal aparato burocrático y los ayuntamientos, espoleados por una coyuntura recaudatoria excepcional e irrepetible han aumentado de manera desaforada su nómina de efectivos, cuyas remuneraciones, como recordaba esta misma semana la fundación de las cajas de ahorros, Funcas, “no están en consonancia con la capacidad y solvencia de las haciendas locales”.

El número de funcionarios supera ya los tres millones, lo que representa el 15% de los ocupados. El resultado es una gravosa hipoteca presupuestaria para las cuentas públicas, acuciadas por un insostenible déficit.
El capítulo de retribuciones a los empleados públicos representa el 26% del gasto público total; o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro euros de gasto en las administraciones está destinado a pagar a los funcionarios. Eso supone que mantener a los empleados públicos le cuesta 6.000 euros a cada familia.

Como se aprecia, se hace necesaria una reflexión sobre si el modelo económico más competitivo al que debe aspirar España es compatible con la hipertrofia de un sistema público excesivamente burocratizado y la multimillonaria factura que supone para los contribuyentes. El Gobierno de Zapatero ha manejado hasta ahora la cuestión retributiva en la Función Pública con evidente cálculo electoral.

Tan sólo Mariano Rajoy se ha atrevido a apuntar su determinación sobre una eventual congelación del salario de los funcionarios para contribuir a contener la hemorragia presupuestaria.
La contención salarial en las administraciones tendría un favorable impacto presupuestario habida cuenta su gran peso en el gasto público y es obvio que el descomunal agujero de las cuentas públicas debe inducir un replanteamiento de la política retributiva de los empleados públicos.

Pero será un parche insuficiente si realmente no se aborda un proceso de ajuste estructural que redimensione las plantillas de efectivos en todas las administraciones, con el objetivo de buscar una mayor proporcionalidad con el conjunto del mercado de trabajo y con el tamaño de la economía española. Es un problema que tarde o temprano habrá que afrontar.

Por gentileza de Expansión