En estos días la Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar está procediendo a notificar a los propietarios de las fincas, situadas entre Casa Arizón y la Avenida del V Centenario, la expropiación forzosa y el desahucio inminente, para proceder al derribo de todas estas edificaciones, al objeto de convertir el solar resultante en aparcamiento y plaza pública.
La conversión de esta céntrica zona urbana en espacio público se debe a una exigencia de la empresa Casa Grande Arizón desde que adquirió el Monumento. En base a ello, el Ayuntamiento recalificó este terreno en zona pública quedando plasmado en el PGOU de 1997. Así, en el Consejo de Gerencia de Urbanismo de 12 de noviembre de 1999 se trató el asunto del convenio existente entre el Ayuntamiento y la empresa Casa Grande Arizón, comunicándose que el “compromiso municipal” contraído para “calificar como espacio libre la delantera del Palacio con el objeto de mejorar la visualización del mismo y construir un aparcamiento” ya estaba “cumplimentado”. Si bien, aquel convenio debió quedar sin efecto, puesto que no se cumplieron los compromisos de ninguna de las partes, ya que la prometida “rehabilitación” de Casa Arizón ni el “Balneario de las Piletas” tampoco se efectuaron en los plazos determinados. Estos datos pueden consultarse en las Webs de Aula Gerión y la Gerencia de Urbanismo.
Ahora, cuando se está finalizando el hotel de Casa Arizón, además de la promoción inmobiliaria de 52 pisos y locales comerciales, con el beneplácito y la aprobación de la Alcaldesa, Irene García Macías, y de la Junta de Andalucía, las prisas de última hora han llevado a la Gerencia a ejecutar aquel “viejo compromiso”, por el que el Ayuntamiento lleva a cabo la expropiación forzosa de todas estas fincas para convertirlo en “aparcamiento del hotel”, que ahora, once años después, llaman “plaza pública”.
Aula Gerión considera inadmisible y vergonzosa estas acciones de expropiación y desahucio, que atienden exclusivamente al interés particular de los propietarios de Casa Arizón, entre los que se encuentra Ramón Tamames y Javier Olaciregui, entre otros, de los cuales incluso se rumorea que han llegado a hacer apuestas sobre el asunto. Mientras que a los propietarios de los locales comerciales, viviendas y garajes situados en esta “pastilla urbana”, como gusta llamar a esta zona al Sr. Olaciregui, se ven abocados a abandonar sus casas y negocios, a cambio de una cantidades irrisorias, como importes de las expropiaciones, que se sitúan tres veces por debajo del valor real de las fincas.
La situación resulta dramática. Personas mayores que deben abandonar su casa y no saben a dónde ir con lo que les ofrecen, pues no les llega para comprar ni un piso decente; empresarios que no tendrán suficientes recursos con estas miserables cuantías para reinstalar sus negocios, consolidados durante décadas, en otros lugares de Sanlúcar; trabajadores afectados que pasarán directamente al paro; otra bonita bodega de Sanlúcar que va a ser demolida. Éstas son las consecuencias sociales de la política socialista que se está practicando en Sanlúcar.
Aula Gerión se pregunta de dónde va sacar el Ayuntamiento, en situación tan precaria como dicen, para pagar las indemnizaciones de estas expropiaciones; y de dónde van a sacar el dinero para construir el aparcamiento prometido. ¿Para esto sí tiene recursos el Consistorio?
Legalmente, las expropiaciones forzosas sólo están justificadas por utilidad pública o interés social del municipio. Según Aula Gerión, parece que en este caso se está faltando a este principio legal y democrático. La Alcaldesa de Sanlúcar no sólo se ha replegado a las exigencias y caprichos de la empresa Casa Grande Arizón con la firma de un convenio, que no sólo está destruyendo completamente uno de los Bienes de Interés Cultural más importantes de Sanlúcar, sino que afecta a varias familias y empresarios sanluqueños, poniéndolos en una situación límite. ¿Ésta son las políticas sociales del PSOE en Sanlúcar? Más bien estas actitudes conectan con el más rancio caciquismo decimonónico, donde los Alcaldes intervenían a placer en las ciudades, cayese quien cayese. También recuerda los tiempos medievales del vasallaje, donde en este caso, la Alcaldesa está actuando como una humilde vasalla del poder económico que representan los empresarios de Casa Arizón, doblegándose a todas sus exigencias.
Aunque el caso está en manos de varios abogados, que representan a los afectados de estas expropiaciones, es posible que el aparcamiento “privado” se ejecute, pero la Alcaldesa debe saber que serán muchos los ciudadanos los que estaremos pendientes de que aquí lo que se haga sea una plaza pública para disfrute de toda la ciudadanía y no un aparcamiento privado para el hotel y viviendas de Casa Arizón. Esta vigilancia se puede convertir en denuncia judicial si no se cumplen los requisitos básicos del interés general y del derecho civil que debe amparar a la población de Sanlúcar.
Comunicado de AULA GERIÓN
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