El Guadalquivir vuelve a estar en el ojo público. Esta vez no se trata de la transferencia de la cuenca a la Administración autonómica o de su calamitoso estado por un regadío sin control, sino de algo más apegado al terreno y que se ha convertido en una situación insoportable.
En el bajo Guadalquivir faena a plena luz del día una pequeña flotilla de embarcaciones furtivas que arrasan la reserva pesquera y otras zonas, algunas de ellas en el parque de Doñana. Estas embarcaciones carecen de todo tipo de documentación o registro y literalmente filtran el agua al emplear mallas de apenas un milímetro de luz para conseguir su captura predilecta: la angula. El alevín de la anguila llega a cotizarse a 800 euros el kilo y para conseguir uno solo se capturan de media 60 kilos de inmaduros de otras especies, cuyo peso en la fase adulta rondaría las 23 toneladas si se les dejara vivir. Por supuesto, no hay examen sanitario alguno y son conocidos los restaurantes de la zona que sirven las angulas, cuya captura se ha prohibido una década al estar oficialmente en peligro crítico.
La Consejería de Agricultura y Pesca, con la ayuda del Seprona, realiza una importante labor contra esta lacra que lleva a la ruina además a los pescadores legales del golfo de Cádiz, consistente en el decomiso de las mallas y artes de pesca que emplean los riacheros furtivos. Sin embargo, nadie se ve con competencias para ejecutar lo más importante: la destrucción de los barcos furtivos, que faenan a muy poca distancia de la canal de navegación del río. La Ley de Puertos prevé que los organismos encargados de la navegación marítima en este tramo del Guadalquivir -en primer lugar la Capitanía Marítima de Sevilla y luego la Autoridad Portuaria- procedan a la incautación e incluso destrucción de las barcas clandestinas, pero la pelota competencial vuela de un tejado a otro mientras que los furtivos y los restaurantes que encargan las capturas hacen su agosto.
Ante esta situación, hemos remitido un informe a los organismos implicados y al Defensor del Pueblo Andaluz recordando quién tiene las competencias y las graves responsabilidades, incluso penales, que podrían derivarse de esta situación de patente inactividad pública. Por ahora sólo hemos recibido buenas palabras de la Capitanía Marítima y del Puerto de Sevilla, junto con la callada por respuesta de la Delegación del Gobierno, el presidente de Puertos del Estado, la Directora General de la Marina Mercante y el Ministro de Fomento, por lo que hemos denunciado esta situación ante la Fiscalías de Cádiz y Sevilla. Recordamos que ya se declaró por el Tribunal Supremo la responsabilidad patrimonial del Estado ante un caso similar protagonizado por bolicheros furtivos frente al puerto de Málaga.
Mientras quienes están obligados a garantizar el imperio de la ley y la seguridad de la navegación se declaran incompetentes y se quedan impasibles ante esta lacra, nos topamos ahora con el robo en Lebrija del buque alquilado para fines científicos por la Universidad de Córdoba, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, barco al que le cortaron las amarras y las cadenas del ancla. Este robo coincide en el tiempo con las denuncias públicas del furtivismo que han hecho algunos investigadores. Es decir, ni se actúa contra el furtivo ni se protege al que investiga la riqueza del estuario y su reserva pesquera.
En definitiva, al fin brusco de la actividad científica para conservar un estuario sin ley y el desánimo de la Guardia Civil y la guardia pesquera, que se juegan el tipo cuando decomisan las mallas, se le suma ahora el colmo de la ruina y el desamparo del propietario del barco científico y su familia. Este es el resultado de que la incompetencia navegue y se señoree a toda máquina por el Guadalquivir.
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