Según la legislación vigente los pagos prioritarios para cualquier Ayuntamiento son las nóminas y las deudas de años anteriores (ejercicios cerrados), priorizando en éstas las sentencias judiciales firmes con o sin orden ejecutiva de algún juez.
A pesar del ingreso extraordinario de 13,2 millones de euros obtenidos por la privatización del Ciclo Integral del Agua en el 2010, se ha tenido que pedir varios préstamos por valor de aproximadamente 12 millones de euros para pagar a proveedores y para cumplir las sentencias judiciales firmes. Lo que no deja lugar a duda de la mala gestión económica que se está realizando en el ayuntamiento donde, a pesar de la propaganda de austeridad lanzada, el despilfarro es la tónica en su gestión municipal infructuosa que ha dilapidado 13,2 millones de euros sin que se haya visto mejora alguna en la ciudad.
El equipo de gobierno PSOE-CIS entendió claramente que era un periodo preelectoral y que sus intereses partidistas estaban muy por encima de los intereses de los contribuyentes, de los ciudadanos de Sanlúcar.
Con la liquidez que Aqualia le procuró se pagó y se está pagando gastos voluntarios en materia de fiestas a varias empresas, hecho que creemos que no se ajusta a derecho. Porque existen sentencias judiciales firmes dictadas en contra del Ayuntamiento y que son pagos prioritarios según la normativa que dicta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y luego se utiliza cínicamente el tema de las sentencias judiciales firmes para seguir pidiendo créditos.
Ha quedado claro que el Equipo de Gobierno PSOE-CIS, utiliza las sentencias judiciales firmes contra el ayuntamiento como coartada para pedir créditos para supuestamente hacer frente a sus pagos que le obligan las mismas, cuando en realidad lo que pretende es conseguir liquidez y de esta manera enmascarar su pésima gestión económica del ayuntamiento.
Redacción "La Aventura Humana"
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