viernes, julio 30, 2010

SANCIONAN A NUEVE BODEGAS DE FEDEJEREZ Y AL CONSEJO REGULADOR DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN CON 6 MILLONES POR CONTROL DE PRECIOS

Establecieron un cártel que estuvo activo desde 2001 hasta 2008
La Comisión dice que tuvo efecto en el comercio entre los Estados de la UE
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto sancionar a nueve empresas bodegueras del vino de Jerez, a la asociación sectorial Fedejerez y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO), con 6,72 millones de euros por control de la producción y de los precios. Unas "injustas y desproporcionadas" sanciones, a juicio de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez), que ha anunciado ya que las recurrirá ante la Audiencia Nacional.


En un comunicado, la CNC ha precisado que ha sancionado a Bodegas Williams & Humbert, con 2.300.000 euros; a Bodegas José Estévez, con 1.250.000 euros; a Bodegas Barbadillo, con 900.000 euros; a Bodegas González Byasss, con 870.000 euros; a Bodegas Emilio Lustau, con 400.000 euros; a Bodegas Pedro Romero, con 240.000 euros; a Bodegas J. Ferris, con 135.000 euros; y a Caydsa, con 28.000 euros.


La CNC ha precisado que la novena bodega implicada, Grupo Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, ha sido eximida del pago de la multa de 670.000 euros que le correspondía tras haber solicitado la aplicación del "programa de clemencia".

Establecieron un cártel

Ha indicado que Bodegas González Byass también presentó una solicitud de clemencia y, aunque en un principio se propuso la reducción del importe de la sanción, se ha decidido no aplicarlo, ya que la compañía no ha cumplido con el "deber de colaboración" que le impone la ley.
Además, ha declarado a la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez) y al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez "coautores" de la infracción, por lo que les ha impuesto multas por valor de 400.000 y 200.000 euros, respectivamente.


Según la CNC, varias de las principales operadoras de este sector establecieron en 2001 un cártel para controlar la producción y el precio de los vinos de Jerez que eran destinados a la exportación bajo las marcas comerciales de los comercializadores en destino, lo que se conoce como "mercado BOB (Buyer Owns Brand)".



Reducción de la demanda

Ante la situación de "reducción de demanda" que presentaba este mercado, estos operadores acordaron reducir la oferta de vino comercializable para el mercado BOB con el fin de poder aumentar los precios.


La CNC ha señalado que, durante los primeros años, el cártel funcionó según se esperaba, con la participación del CRDO, lo que dio lugar a un incremento de los precios. En este contexto, otros operadores comenzaron a llegar al mercado -atraídos por el aumento de los precios-, lo que provocó un aumento de la oferta y, por tanto, una caída de la cotización. Con el objetivo de volver a la situación inicial, según la CNC, las empresas de cártel diseñaron, calcularon y pusieron en práctica nuevas medidas para restringir la oferta, que fueron impuestas con carácter obligatorio a todas las empresas del sector.

Con efecto en Europa

El cártel estuvo activo desde 2001 hasta 2008, momento en el que la CNC incoó expediente sancionador y realizó inspecciones a las sedes de varias de las empresas presuntamente implicadas y en Fedejerez.

Según la Comisión, se trata de un cártel "de larga duración", con efecto en el comercio entre los Estados miembro de la Unión Europea (UE) -puesto que el producto BOB está dedicado a la exportación, fundamentalmente a Alemania, Países Bajos y Reino Unido-, y, en general, a la venta del vino de Jerez.

No obstante, Fedejerez ha recordado que el expediente ha sido consecuencia de la denuncia presentada por Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos -propiedad ambas de Nueva Rumasa, Familia Ruiz Mateos- y su valoración es "muy negativa", por considerar que la CNC "ha estimado en gran medida los argumentos empleados por los denunciantes contra un sector elaborador de productos internacionalmente reconocidos".

Ha recordado, además, la "grave crisis estructural" del sector y que su forma de actuar "en ningún caso se puede calificar como lesiva para los intereses de los consumidores".

Efe/Redacción "La Aventura Humana"

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