En esta ocasión Luisa Isabel demuestra de nuevo su agudeza en un asunto muy controvertido ante el que los que detentan el poder parlamentario principalmente han hecho oídos sordos. La Cosnstitución Española de 1.978 quizás no ha sido leída lo suficientemente bien, o ni siquiera leída por muchos españoles cuando sigue en vigor. Pero lo más grave es que los que la conocen bien no hayan advertido de los articulados referidos al Jefe del Estado.
En la foto El Rey tras recibir como regalo un coche
En la madrugada del 20 de agosto 2007, en programa de Radio Nacional que no quiero nombrar, no vaya a ser que desaparezca, como han venido desapareciendo las voces criticas, condenadas a perpetuo silencio por la familia propietaria del cortijo y sus allegados, porque al analizar en lugar de insultar y hacerlo a partir de la realidad, se dedicó una hora a informar al personal, del alcance de ese artículo de la Constitución, que hace al Jefe del Estado "irresponsable" de sus actos, en lo público y privado.
Ampliado el tal articulo por ley, según dijeron, en 1989, lo cual ignoraba, a los hijos y nietos de los sucesivos herederos de la corona y esa propiedad aneja, conocida por España, dado el ritmo de reproducción familiar, hemos de admitir que el país cuenta con especie superior, al estar situada por encima de todas las leyes, sin que esto implique, por premisa, el deber de manifestar esa superioridad moral e intelectual, que se exigían los cátaros, para poder ser considerados libres de pecado.
Según está redactado el artículo, a tenor con sus relaciones expresas, del acto político del ocupante del trono, será responsable el Presidente de Gobierno o Ministro, que lo refrende con su firma. Significa esto que si el rey ordenase destinar el presupuesto nacional. o expropiar capital privado, para destinarlo a satisfacer sus caprichos, condenando al que se opusiese o criticase la medida, a ser colgado hasta morir, el culpable caso de perpetrarse la salvajada, sería el inferior que consintió, no el superior, responsable de la iniciativa. Cierto es que de no pintar bastos para el poderoso, pocos o nadie se atreverán con su segundo. Sin embargo hemos de convenir que a la luz de la ley, le tocará responder de latrocinio o barbaridad, decretada y concebida por testa coronada.
Podríamos conceder a los padres de la Constitución y de la "Patria", que incluyeron el mandato en texto constitucional, sin precedente ni aún en la Edad Media, el beneficio de suponer que no habría Presidente ni Ministro tan loco y osado, que accediese a refrendar real mandato, cuyo cumplimiento implicase la comisión de delito, impidiendo por abstención, la promulgación de leyes que mermasen las libertades y derechos de los ciudadanos, rebasando los límites de esa leyes generales, que en tiempos hicieron posible la sociedad democrática. Pero el argumento se desmorona, al haber sido ampliada "irresponsabilidad", que es "impunidad", al acto privado. Porque el acto privado se realiza, sin intervención ni refrendo.
No mintió el jurista en su análisis. De valor probado, pues sabe que a los servicios de información de la corona, no escapa palabra emitida por las ondas, impreso, ni párrafo subido a la red, al decir que de ser sorprendido individuo, amparado por el mandato constitucional de" real irresponsabilidad", que se traduce en "real impunidad", charcutando a menor o adulto, fuese civil o policía, estaría obligado a mirar para otro lado, dejando hacer sin inmiscuirse, pues carecería de instrumento legal para castigar el acto e incluso para impedir, salvo por convicción. De intentarlo por la fuerza, incurriría en grave violación del mandato constitucional, que le haría reo de delito extinto en la letra, pero vigente y renovado en la práctica, conocido por "lesa majestad", exponiéndose a ser castigado en consecuencia.
No quiere esto decir que tal cosa haya sucedido. Pero es obvio que podría suceder. De hecho, según sesudos investigadores, el conocido e histórico Jack el Destripador, fue identificado con el príncipe heredero de Inglaterra. Inconveniente el escándalo para el sistema, pues vino a probar que los portadores de sangre real pueden ser los mejores, pero también los peores, la cuestión se solventó sin escándalo, falleciendo el interfecto oportunamente, probablemente con ayuda de sus próximos, sin alcanzar el trono.
Dicho esto, debo salir al paso del supuesto de que "nadie", hasta ahora, haya tenido conciencia de la barbaridad, implícita al mencionado mandato constitucional, no habiendo quien lo haya denunciado. Conciencia la han tenido cuantos saben una palabra de principios de derecho y por supuesto, cuantos políticos han pasado por cargo público, la pléyade de editores y periodistas, que ha ejercido y ejercen, probándolo la diligencia que ponen los unos y los otros, en hacer observar la condena a "perpetuo silencio", dictada contra los que a su tiempo, cuando aún era posible, denunciamos este y otros engendros del sistema. Personalmente logré hacerlo en uno de mis últimos artículos, en el desaparecido Informaciones, apenas llegó a mis manos el proyecto de constitución. De entonces acá he venido haciendo, cuando se me ha dado ocasión. Lo hice a través de la televisión y la radio, cuando aún se me consentía intervenir en directo. Pero de eso hace muchos años. Y lo hago y seguiré haciendo, en tanto no se me cierre la posibilidad de expresarme, a través de Internet, como se puede comprobar en está misma página, vetusta pues ronda la década.
Naturalmente no soy la única. Pero es lógico que no pueda mencionar a los demás denunciantes. Apenas asoma el crítico, que sabe analizar y apuntar, es igualmente silenciado. Lo sé desde que regresé del exilio, al que hube de acogerme por acumular lo que en tiempo de Franco, como en la "democracia", se calificó y califica de delito de expresión". Casó excepcional por haber hecho carrera de fronteras afuera, con obra traducida a cuenta del editor, que no de autor ni de caudales públicos, siendo muchos los artículos que tenía a mis espaldas, apenas quedó claro que no plegaba a repetir los consentido y recomendados, fui condenada a "perpetuo silencio". De mí y sobre mí se publican entrevistas y textos, pero hace mucho que no tienen cabida en la letra impresa, textos producidos por mi cacumen, firmados de mi mano, de los que pueda hacerme responsable de la cruz a la fecha, por no pasar por censura, ni tener pie forzado.
Al estrecharse el círculo, según avanza el sistema, hace mucho que acceso al directo, en radio ni televisión, me está prácticamente vedado. He de pasar por ese diferido, que al admitir correcciones, impide denunciar lo que se debiera. De ahí mi negativa a frecuentar el estudio. Dar la impresión de que el diferido manipulable, es un directo, es simplemente un fraude.
Significa esto que quienes venimos denunciando el original mandato constitucional, amén de otras cosas, no podemos llevar nuestra voz fuera del ámbito restringido, del que aún podido privarnos. Aplicando la censura, pero también el bulo y la calumnia, difundidos con la maestría, profesionalidad y experiencia, que dan treinta años cumplidos de ejercicio continuado del poder, nos vienen cerrando audiencias y foros, desde que se estableció la modalidad de absolutismo, que hace posibles los muchos abusos, padecidos por la sociedad inerme de nuestro tiempo.
Pero no es esta la única critica que debo hacer a la valiente hora de radio, que tanto me sorprendió y complació. Suponer que las potencias son inocentes del desatino, es pura ingenuidad. La "comunidad internacional" que ha recibido a España en su instituciones, incluida la Unión Europea, no sólo está y estuvo enterada del arriesgado mandato. Si seguimos la trayectoria de la moderna jurisprudencia, podemos observar marcada tendencia a proteger a los jefes de estado en particular y los electos en general, poniéndoles muy legalmente al amparo de las consecuencias de sus actos, en especial de ser reprobables. En los año setenta era impensable que miembro de un gobierno, habiéndose hecho sospechoso de deshonestidad o abuso de poder, con fundamento, pudiese eludir la dimisión fulminante. Hoy, con acusaciones graves y hechos probados sobre sus espaldas, se mantienen imperturbables en el poder, siendo juzgados, cuando mucho, tras haber perdido cargo y poder, por defección del electorado. Es decir que en tanto conservan su favor, son libres de delinquir, causando al gobernado el daño que les viene en gana, pues para pagar sus desafueros, han de perder el poder, que les dio la posibilidad de perpetrarlos y continuarlos.
No debemos engañarnos. No será del exterior de donde venga el remedio, si es que viene. El remedio nos lo tendremos que buscar nosotros. Y no es probable que lo hagamos, en tanto no nos apriete el zapato económico en exceso.
(Artículos de la Constitución a los que se refiere principalmente en el artículo Luisa Isabel. Nota del Editor)
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.
Artículo 64
1. Los actos del rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
Luisa I. Álvarez de Toledo (Duquesa de Medina Sidonia)
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