LOS CRUCES DE DECLARACIONES Y ACUSACIONES CREAN CONFUSIÓN E INCERTIDUMBRE ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE DRAGUE LA DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR

El Gobierno insta al puerto a que complete el proyecto del dragado, mientras Rosa Aguilar promete que luego tramitará con "prontitud" la obra en el Guadalquivir . De cualquier modo hay tal cruce de declaraciones de todas las partes interesadas que se ha creado un clima de confusión e incertidumbre. Las tibias declaraciones de políticos, y la gran presión ejercida por la Autoridad Portuaria de Sevilla ensombrecen cada vez más el futuro ecológico de la desembocadura del Guadalquivir. A estas declaraciones se ha sumado finalmente las de Irene García, Alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, que enviará una nota a la Ministra Rosa Aguilar mostrando su preocupación por lo que pueda ocurrir con el río.

Fernando Hiraldo, Director de la Estación de Biológica de Doñana, es por ahora, uno de los que se muestra más tajante afirmando lo negativo que sería el dragado para Doñana y el Golfo de Cádiz.  




 .El proyecto para ampliar el dragado del Guadalquivir deberá completarse con las "conclusiones" del informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre esta polémica actuación. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, sostuvo ayer que su intención es tramitar luego con "prontitud" este proyecto, que defiende la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) y critican ecologistas y arroceros. Pero la ministra, de visita en Córdoba, aclaró que el puerto antes deberá dar "cumplimiento pleno" a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el dragado, informó Efe.

La APS (Autoridad Portuaria de Sevilla) debe integrar en su propuesta las conclusiones del informe del CSIC

En concreto, el puerto tendrá que presentar un proyecto constructivo en el que se detallen las "estructuras necesarias, las zonas concretas de actuación y el oleaje máximo que pueden soportar". Ese proyecto deberá ser aprobado por la Junta de Andalucía, el ministerio y el consejo de participación de Doñana, debido a las posibles afecciones que el dragado podría tener sobre este espacio protegido. El antiguo patronato del parque, hoy denominado consejo de participación, ya rechazó en 2001 el proyecto debido a la indefinición sobre las posibles afecciones al espacio protegido. El futuro pronunciamiento del consejo de Doñana es "preceptivo", aunque legalmente no vinculante. Sin embargo, fuentes del ministerio insistieron ayer en que "no se va a ir en contra de Doñana", por lo que se respetará la opinión del parque.

La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada en 2003 por el Gobierno del PP. Los ecologistas llevan años criticando que aquella declaración de impacto era incompleta. Cuando se produjo el cambio político en el Gobierno central, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE), reconoció las lagunas de la declaración y ordenó que el CSIC elaborara un informe sobre el proyecto, que concluyó el pasado año.

Según señaló ayer el ministerio, "la Autoridad Portuaria deberá integrar en su proyecto de dragado las conclusiones del Informe del CSIC, incluidas las referidas a la mejora de la dinámica del estuario y su flora y fauna".

Este completo informe -elaborado por los investigadores Miguel Losada y Javier Ruiz- no entra directamente a resolver si es viable o no la ampliación del canal desde los 6,5 metros actuales a los ocho que pretende llevar a cabo el puerto para que lleguen a Sevilla buques de mayor calado. Insiste más en la necesidad de poner en marcha una "gestión integral de los recursos naturales del estuario y su entorno".

El informe del CSIC sirvió de base para que una comisión científica encabezada por el investigador de la Universidad de Almería Hermelindo Castro concluyera a finales de 2010 que el dragado no es recomendable en estos momentos por el mal estado del río y el estuario.

Sin embargo, el puerto de Sevilla acusó a los 12 miembros de la comisión científica de ofrecer una visión sesgada en su dictamen. El puerto emitió un voto particular en el que dejaba la puerta abierta a emprender "las acciones legales" que estimase oportunas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Julián Borja, anunció ayer que pedirá una reunión con el ministerio para poder alcanzar un acuerdo respecto al dragado que no dañe sus intereses ni los de ningún sector. Borja acusó a Aguilar de estar "actuando más como una ministra de fomento o de obras públicas".

Manuel Planelles (El País)/Manuel J. Márquez Moy