La Consejería de Medio Ambiente de la Junta Andalucía ha proporcionado los datos de depuración de las depuradoras litorales de Cádiz, entre ellas la EDAR de Sanlúcar de Barrameda. Del análisis pormenorizado de estos datos se desprende que la EDAR de la Piletas realiza una depuración de las aguas residuales muy deficientes en términos legales hecho que solo viene a refrendar las distintas denuncias que IU ha realizado respecto a la mala eficacia de depuración que esta estación depuradora viene realizando.
Los 3 parámetros legales de depuración son: Demanda biológica de oxígeno DBO5, Demanda química de oxígeno DQO y Sólidos en suspensión SS. La norma legal de depuración se cumple indistintamente llegando a un mínimo de depuración tanto de valor límite (para el agua depurada) como de porcentaje de reducción (del agua depurada respecto a la sucia) para cada uno de los tres parámetros anteriormente citados.
Los datos ofrecidos por la Consejería se basan en 24 muestras de la EDAR de Sanlúcar, la norma permite como máximo que tan solo 3 muestras incumplan los valores límites establecidos legalmente, pues bien, 21 muestras obtenidas incumplen claramente algunos de los parámetros de depuración.
Esto significa que la EDAR de la Piletas esta emitiendo aguas al río con una más que deficiente depuración en las mismas. Todo ello con la complicidad de la propia Junta de Andalucía, ya que los datos lo proporciona la Consejería de Medio Ambiente y por supuesto con la inacción irresponsable del Equipo de Gobierno Municipal que se está inhibiendo en un asunto de interés general para la ciudad que puede afectar a la salud publica de los sanluqueños. Ante las denuncias de los ecologistas la propia Junta ha respondido que va a trasladar la depuradora. Pero eso puede tardar cinco o diez años y lo vamos a pagar los sanluqueños a través de un nuevo Canon de Mejora.
La contestación de la Junta de Andalucía no ha podido ser más agria para el Ayuntamiento de Sanlúcar. Han contestado a través de la prensa que van a abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento por vertidos fecales a través del aliviadero de Cabo Noval. Nosotros, IU, no queremos sanciones. Lo que queremos es que se arreglen los problemas; que el Ayuntamiento solvente estos graves problemas para ofrecer un buen veraneo a todos los turistas y también, y no menos importante, una buena playa para todos los sanluqueños durante todo el año.
Ya antes de la privatización del ciclo integral del Agua a la Empresa Aqualia, IU denunció repetidamente la mala gestión por esta empresa en la depuración de las aguas y con las emisiones contaminantes de ácido sulfhídrico cuya procedencia fue negada tanto por el Equipo de Gobierno como por la propia empresa hasta que su evidencia fue inapelable. Lejos de aprender de los errores cometidos tanto la empresa concesionaria como el propio Equipo de Gobierno actual siguen en la dinámica irresponsable de no hacer nada para mejorar este servicio esencial para la población y el medio ambiente.
Todo hace parecer que los 16’5 millones de euros percibidos por el Ayuntamiento por la concesión del ciclo integral del agua puede servir como cheque en blanco para que la Aqualia siga subiendo subterfugiamente el precio del agua y su depuración a la vez que esta reduciendo gastos en la depuración de las aguas residuales, todo ello con el presunto beneplácito del Equipo de Gobierno del PSOE-CIS.
El portavoz del grupo municipal de IU, Rafael Terán, anuncia que IU va a desarrollar los mecanismos necesarios para evitar que esta situación siga dándose y exigirá responsabilidades a quienes correspondan allá en los ámbitos competentes sin excluir los judiciales. La salud pública y los intereses generales de la ciudad no se pueden poner en riesgo ni por acción ni omisión de unos y de otros. Hoy por hoy y desde hace dos años la depuradora vierte aguas fecales sin depurar en medio del Río como si Sanlúcar tuviese 40.000 habitantes. Depura los de 20.000 habitantes y el resto se vierte en mitad del Estuario sin ningún cuidado ni tratamiento, a pesar de que las tasas por depuración la pagamos los 60.000 sanluqueños. Y las cobran de forma muy alegre tanto el Ayuntamiento como Aqualia.
Aunque ahora estemos ante la concesión de un servicio público esencial, el servicio público sigue siendo responsabilidad del Ayuntamiento que debe tener técnicos vigilando el cumplimiento de los términos del contrato firmado con la multinacional. Y el equipo de gobierno debe exigir el cumplimiento de la ley. Están destrozando el futuro turístico de Sanlúcar y el futuro de la pesca.
Redacción "La Aventura Humana"
Los 3 parámetros legales de depuración son: Demanda biológica de oxígeno DBO5, Demanda química de oxígeno DQO y Sólidos en suspensión SS. La norma legal de depuración se cumple indistintamente llegando a un mínimo de depuración tanto de valor límite (para el agua depurada) como de porcentaje de reducción (del agua depurada respecto a la sucia) para cada uno de los tres parámetros anteriormente citados.
Los datos ofrecidos por la Consejería se basan en 24 muestras de la EDAR de Sanlúcar, la norma permite como máximo que tan solo 3 muestras incumplan los valores límites establecidos legalmente, pues bien, 21 muestras obtenidas incumplen claramente algunos de los parámetros de depuración.
Esto significa que la EDAR de la Piletas esta emitiendo aguas al río con una más que deficiente depuración en las mismas. Todo ello con la complicidad de la propia Junta de Andalucía, ya que los datos lo proporciona la Consejería de Medio Ambiente y por supuesto con la inacción irresponsable del Equipo de Gobierno Municipal que se está inhibiendo en un asunto de interés general para la ciudad que puede afectar a la salud publica de los sanluqueños. Ante las denuncias de los ecologistas la propia Junta ha respondido que va a trasladar la depuradora. Pero eso puede tardar cinco o diez años y lo vamos a pagar los sanluqueños a través de un nuevo Canon de Mejora.
La contestación de la Junta de Andalucía no ha podido ser más agria para el Ayuntamiento de Sanlúcar. Han contestado a través de la prensa que van a abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento por vertidos fecales a través del aliviadero de Cabo Noval. Nosotros, IU, no queremos sanciones. Lo que queremos es que se arreglen los problemas; que el Ayuntamiento solvente estos graves problemas para ofrecer un buen veraneo a todos los turistas y también, y no menos importante, una buena playa para todos los sanluqueños durante todo el año.
Ya antes de la privatización del ciclo integral del Agua a la Empresa Aqualia, IU denunció repetidamente la mala gestión por esta empresa en la depuración de las aguas y con las emisiones contaminantes de ácido sulfhídrico cuya procedencia fue negada tanto por el Equipo de Gobierno como por la propia empresa hasta que su evidencia fue inapelable. Lejos de aprender de los errores cometidos tanto la empresa concesionaria como el propio Equipo de Gobierno actual siguen en la dinámica irresponsable de no hacer nada para mejorar este servicio esencial para la población y el medio ambiente.
Todo hace parecer que los 16’5 millones de euros percibidos por el Ayuntamiento por la concesión del ciclo integral del agua puede servir como cheque en blanco para que la Aqualia siga subiendo subterfugiamente el precio del agua y su depuración a la vez que esta reduciendo gastos en la depuración de las aguas residuales, todo ello con el presunto beneplácito del Equipo de Gobierno del PSOE-CIS.
El portavoz del grupo municipal de IU, Rafael Terán, anuncia que IU va a desarrollar los mecanismos necesarios para evitar que esta situación siga dándose y exigirá responsabilidades a quienes correspondan allá en los ámbitos competentes sin excluir los judiciales. La salud pública y los intereses generales de la ciudad no se pueden poner en riesgo ni por acción ni omisión de unos y de otros. Hoy por hoy y desde hace dos años la depuradora vierte aguas fecales sin depurar en medio del Río como si Sanlúcar tuviese 40.000 habitantes. Depura los de 20.000 habitantes y el resto se vierte en mitad del Estuario sin ningún cuidado ni tratamiento, a pesar de que las tasas por depuración la pagamos los 60.000 sanluqueños. Y las cobran de forma muy alegre tanto el Ayuntamiento como Aqualia.
Aunque ahora estemos ante la concesión de un servicio público esencial, el servicio público sigue siendo responsabilidad del Ayuntamiento que debe tener técnicos vigilando el cumplimiento de los términos del contrato firmado con la multinacional. Y el equipo de gobierno debe exigir el cumplimiento de la ley. Están destrozando el futuro turístico de Sanlúcar y el futuro de la pesca.
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