Con motivo del centenario de la llamada Semana Trágica de Barcelona, la Editorial Akrón ha editado un libro interesante escrito por nuestro amigo sanluqueño José Carlos García Rodríguez. El Escritor y Periodista ha realizado una labor minuciosa estudiando la prensa de la época, además de otras fuentes. En exclusiva publicamos aquí la Introducción del libro que lleva por título "BARCELONA EN LLAMAS. La Semana Trágica en la prensa española de la época"
El libro se presentó en Madrid, y próximamente se hará lo mismo en Sanlúcar de Barrameda. Recordamos que recientemente en la misma editorial José Carlos García Rodríguez ha publicado "Pedro Badanelli, La sotana española de Perón" y "El caso Strauss. El escándalo que precipitó la caída de la II República" . (Manuel J. Márquez Moy)
Sucesos de la Semana Trágica de Barcelona
El libro se presentó en Madrid, y próximamente se hará lo mismo en Sanlúcar de Barrameda. Recordamos que recientemente en la misma editorial José Carlos García Rodríguez ha publicado "Pedro Badanelli, La sotana española de Perón" y "El caso Strauss. El escándalo que precipitó la caída de la II República" . (Manuel J. Márquez Moy)
Sucesos de la Semana Trágica de Barcelona
Introducción
Se conoce con el nombre de Semana Trágica a la revuelta ciudadana que tuvo lugar en Barcelona y otras ciudades catalanas entre los días 26 y 31 de julio de 1909. La rebelión que siguió a la huelga general proclamada por anarquistas, sindicalistas y socialistas en protesta por la guerra de Marruecos, degeneró en un motín sangriento e incendiario que sumió en una grave situación de anarquía y aislamiento a buena parte de Cataluña durante aquellas aciagas
jornadas.
El estallido de aquel movimiento insurreccional tuvo su inicio en el malestar originado por la movilización de reservistas para combatir en el conflicto surgido unas semanas antes en las inmediaciones de Melilla. Esta nueva campaña colonial se presentó como una ocasión excepcional para provecho de los convocantes de la huelga, quienes la utilizaron como detonante de la cólera de unas clases populares que recordaban, aún con gran frescura, las consecuencias del Desastre de 1898 y las dramáticas escenas vividas durante la repatriación de los soldados supervivientes.
No es objeto de esta obra dilucidar las circunstancias políticas y sociales -con su tremenda carga anticlerical-, que llevarían a desembocar en los graves sucesos de Barcelona. Buenas visiones de la génesis de aquellos hechos han sido aportadas por numerosos autores, entre ellos, Joan Connelly Ullman, a cuyo trabajo (1), por considerarlo casi definitivo, remitimos al lector. Menos estudiada ha sido la reacción de la prensa española, menospreciada y sometida a sucesivas medidas de censura por el Gobierno durante los sucesos de Melilla y la insurrección en Cataluña. A ese interesante y poco conocido capítulo de la historia del periodismo español que, a la postre, contribuiría en gran medida a la caída del llamado “Gobierno largo de Maura”, dedicamos este libro.
La prensa española de principios del siglo XX estaba sometida al marco legal establecido por la Constitución de 1876 y la Ley de Policía de Imprenta de 1883. Aunque el texto constitucional recortaba algunos derechos, formalmente no había ninguna restricción sobre las libertades de información e imprenta al reconocerse en su artículo 13 el derecho de todos los españoles a “emitir libremente, sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la
imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a censura previa”. La Ley de Imprenta de 1883 que desarrollaba el artículo 13 de la Constitución, se caracterizaba por no exigir licencia previa para la edición de periódicos, así como por remitir a la legislación común los posibles delitos cometidos a través de la imprenta, desechándose los tribunales de carácter especial, circunstancias que hacían de esta ley la más liberal de todas las promulgadas en España hasta
entonces.
Sin embargo, a pesar de que el texto constitucional vigente sancionaba la plena libertad de información, determinados instrumentos de control fueron utilizados caprichosamente y a su conveniencia por los sucesivos gobiernos. Por otra parte, la Ley de Jurisdicciones, promulgada en marzo de 1906 para reprimir la agitación nacionalista en Cataluña y que desde su entrada en vigor había provocado una continua oleada de protestas, tanto de la prensa como en
el mismo Parlamento, añadía una nueva amenaza al libre flujo de la información y de las opiniones. Mediante esta ley, cuyo artículo 3º castigaba con pena de prisión “a los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones injurien u ofendan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada”, el estamento militar había logrado imponer su criterio de que estos delitos de imprenta, especificados de forma tan vaga, fuesen sometidos a la jurisdicción castrense.
Las noticias incompletas y desordenadas sobre el inicio de los sucesos de Barcelona llegadas a las redacciones de los periódicos provocaron en la opinión pública española una impresión de estupor. Pero la interrupción de las comunicaciones telegráficas y telefónicas con Cataluña, junto a las medidas tomadas por el Gobierno conservador de Antonio Maura, prohibiendo tratar con libertad la inquietud generada por los acontecimientos de Melilla y la información sobre la agitación huelguística catalana, amenazando incluso con el cierre de periódicos, limitaron las noticias y comentarios sobre los trágicos acontecimientos a la parquedad de las notas oficiosas.
No pararían aquí las limitaciones impuestas por el Gobierno a la información en aquellas jornadas que sobrecogieron a los españoles.
El 25 de julio, el ministro Juan de La Cierva hace llegar a los gobernadores civiles unas circulares que, además de prohibir “la expedición de todo despacho particular o de prensa, telegráfico o telefónico, para el interior o para el exterior, que
contenga noticias de las operaciones militares de Melilla”, incluían términos ofensivos para la prensa. Dos días más tarde, al proclamarse el estado de guerra en Barcelona, el Gobierno se acogía al artículo 17 de la Constitución de la Monarquía que le autorizaba a interrumpir las garantías constitucionales “cuando así lo exija la seguridad del Estado, en circunstancias extraordinarias”, suspendiendo dichas garantías en las provincias de Barcelona, Tarragona y
Gerona. Al día siguiente, 28 de julio, el Consejo de Ministros decretaba la ampliación de la suspensión temporal de las garantías constitucionales a todo el territorio español. De esta forma, la censura impuesta únicamente a los informes de la campaña de Melilla se extendía a cuanto ocurría en España y, muy especialmente, a los sucesos de Cataluña.
Los periódicos, lejos de conformarse con las restricciones gubernativas que obstaculizaban sobremanera su labor de información, condenaron desde sus páginas aquellas actitudes, especialmente la del ministro Juan de La Cierva, auténtica “bestia negra” de la prensa española en aquellos días. Tomando como pretexto la persecución gubernativa, muchos periódicos, encabezados por los diarios controlados por la Sociedad Editorial de España –el poderoso trust-,
iniciaron una dura campaña antimaurista en todo el país. Esta campaña de la prensa contra el Gobierno conservador comienza al conocerse las primeras medidas de censura impuestas por La Cierva al estallar la revuelta en Barcelona; se recrudece durante el proceso sumarísimo y posterior ejecución de Francisco Ferrer Guardia, y culmina con la caída del poder de Antonio Maura en la mañana del 21 de octubre de 1909. Aquel mismo día en que Alfonso XIII
obtiene la dimisión de Maura, el diario madrileño El Imparcial había publicado su célebre editorial “¿Pueden ser monárquicos los liberales?”, artículo del que se dice que llegaría a inclinar la voluntad del rey para retirar su confianza al político mallorquín. A las pocas horas, el liberal dinástico Segismundo Moret formaba un nuevo Gobierno.
José Carlos García Rodríguez
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(1) The Tragic Week; A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968. En 1972, fue editada en español por Ariel. Muy recientemente, en junio de 2009,con motivo del primer centenario de los acontecimientos de Barcelona, ha sido reeditada esta obra por Ediciones B.
Se conoce con el nombre de Semana Trágica a la revuelta ciudadana que tuvo lugar en Barcelona y otras ciudades catalanas entre los días 26 y 31 de julio de 1909. La rebelión que siguió a la huelga general proclamada por anarquistas, sindicalistas y socialistas en protesta por la guerra de Marruecos, degeneró en un motín sangriento e incendiario que sumió en una grave situación de anarquía y aislamiento a buena parte de Cataluña durante aquellas aciagas
jornadas.
El estallido de aquel movimiento insurreccional tuvo su inicio en el malestar originado por la movilización de reservistas para combatir en el conflicto surgido unas semanas antes en las inmediaciones de Melilla. Esta nueva campaña colonial se presentó como una ocasión excepcional para provecho de los convocantes de la huelga, quienes la utilizaron como detonante de la cólera de unas clases populares que recordaban, aún con gran frescura, las consecuencias del Desastre de 1898 y las dramáticas escenas vividas durante la repatriación de los soldados supervivientes.
No es objeto de esta obra dilucidar las circunstancias políticas y sociales -con su tremenda carga anticlerical-, que llevarían a desembocar en los graves sucesos de Barcelona. Buenas visiones de la génesis de aquellos hechos han sido aportadas por numerosos autores, entre ellos, Joan Connelly Ullman, a cuyo trabajo (1), por considerarlo casi definitivo, remitimos al lector. Menos estudiada ha sido la reacción de la prensa española, menospreciada y sometida a sucesivas medidas de censura por el Gobierno durante los sucesos de Melilla y la insurrección en Cataluña. A ese interesante y poco conocido capítulo de la historia del periodismo español que, a la postre, contribuiría en gran medida a la caída del llamado “Gobierno largo de Maura”, dedicamos este libro.
La prensa española de principios del siglo XX estaba sometida al marco legal establecido por la Constitución de 1876 y la Ley de Policía de Imprenta de 1883. Aunque el texto constitucional recortaba algunos derechos, formalmente no había ninguna restricción sobre las libertades de información e imprenta al reconocerse en su artículo 13 el derecho de todos los españoles a “emitir libremente, sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la
imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a censura previa”. La Ley de Imprenta de 1883 que desarrollaba el artículo 13 de la Constitución, se caracterizaba por no exigir licencia previa para la edición de periódicos, así como por remitir a la legislación común los posibles delitos cometidos a través de la imprenta, desechándose los tribunales de carácter especial, circunstancias que hacían de esta ley la más liberal de todas las promulgadas en España hasta
entonces.
Sin embargo, a pesar de que el texto constitucional vigente sancionaba la plena libertad de información, determinados instrumentos de control fueron utilizados caprichosamente y a su conveniencia por los sucesivos gobiernos. Por otra parte, la Ley de Jurisdicciones, promulgada en marzo de 1906 para reprimir la agitación nacionalista en Cataluña y que desde su entrada en vigor había provocado una continua oleada de protestas, tanto de la prensa como en
el mismo Parlamento, añadía una nueva amenaza al libre flujo de la información y de las opiniones. Mediante esta ley, cuyo artículo 3º castigaba con pena de prisión “a los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones injurien u ofendan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada”, el estamento militar había logrado imponer su criterio de que estos delitos de imprenta, especificados de forma tan vaga, fuesen sometidos a la jurisdicción castrense.
Las noticias incompletas y desordenadas sobre el inicio de los sucesos de Barcelona llegadas a las redacciones de los periódicos provocaron en la opinión pública española una impresión de estupor. Pero la interrupción de las comunicaciones telegráficas y telefónicas con Cataluña, junto a las medidas tomadas por el Gobierno conservador de Antonio Maura, prohibiendo tratar con libertad la inquietud generada por los acontecimientos de Melilla y la información sobre la agitación huelguística catalana, amenazando incluso con el cierre de periódicos, limitaron las noticias y comentarios sobre los trágicos acontecimientos a la parquedad de las notas oficiosas.
No pararían aquí las limitaciones impuestas por el Gobierno a la información en aquellas jornadas que sobrecogieron a los españoles.
El 25 de julio, el ministro Juan de La Cierva hace llegar a los gobernadores civiles unas circulares que, además de prohibir “la expedición de todo despacho particular o de prensa, telegráfico o telefónico, para el interior o para el exterior, que
contenga noticias de las operaciones militares de Melilla”, incluían términos ofensivos para la prensa. Dos días más tarde, al proclamarse el estado de guerra en Barcelona, el Gobierno se acogía al artículo 17 de la Constitución de la Monarquía que le autorizaba a interrumpir las garantías constitucionales “cuando así lo exija la seguridad del Estado, en circunstancias extraordinarias”, suspendiendo dichas garantías en las provincias de Barcelona, Tarragona y
Gerona. Al día siguiente, 28 de julio, el Consejo de Ministros decretaba la ampliación de la suspensión temporal de las garantías constitucionales a todo el territorio español. De esta forma, la censura impuesta únicamente a los informes de la campaña de Melilla se extendía a cuanto ocurría en España y, muy especialmente, a los sucesos de Cataluña.
Los periódicos, lejos de conformarse con las restricciones gubernativas que obstaculizaban sobremanera su labor de información, condenaron desde sus páginas aquellas actitudes, especialmente la del ministro Juan de La Cierva, auténtica “bestia negra” de la prensa española en aquellos días. Tomando como pretexto la persecución gubernativa, muchos periódicos, encabezados por los diarios controlados por la Sociedad Editorial de España –el poderoso trust-,
iniciaron una dura campaña antimaurista en todo el país. Esta campaña de la prensa contra el Gobierno conservador comienza al conocerse las primeras medidas de censura impuestas por La Cierva al estallar la revuelta en Barcelona; se recrudece durante el proceso sumarísimo y posterior ejecución de Francisco Ferrer Guardia, y culmina con la caída del poder de Antonio Maura en la mañana del 21 de octubre de 1909. Aquel mismo día en que Alfonso XIII
obtiene la dimisión de Maura, el diario madrileño El Imparcial había publicado su célebre editorial “¿Pueden ser monárquicos los liberales?”, artículo del que se dice que llegaría a inclinar la voluntad del rey para retirar su confianza al político mallorquín. A las pocas horas, el liberal dinástico Segismundo Moret formaba un nuevo Gobierno.
José Carlos García Rodríguez
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(1) The Tragic Week; A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968. En 1972, fue editada en español por Ariel. Muy recientemente, en junio de 2009,con motivo del primer centenario de los acontecimientos de Barcelona, ha sido reeditada esta obra por Ediciones B.
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