UN PROYECTO DE LEY SOBRE "DELITOS MEDIÁTICOS", PRODUCE UN SERIO RETROCESO EN LAS LIBERTADES DE VENEZUELA

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) afirma en un comunicado que el proyecto de ley de la fiscal general de Venezuela para castigar “delitos mediáticos” con cárcel es una medida sin precedentes en la cruzada del gobierno del presidente Hugo Chávez para restringir la libertad de informar.



La fiscal general Luisa Ortega Díaz argumentó que el gobierno debe hacer frente “a las nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión” al presentar el proyecto en la Asamblea Nacional, informa la prensa local.



“Este proyecto es reminiscente de las oscuras épocas de las dictaduras latinoamericanas con sus cláusulas arcaicas para los llamados ‘delitos mediáticos’”, asegura Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Es un serio retroceso para la libertad de expresión y la democracia en Venezuela, y parte de una campaña represiva del presidente Chávez para silenciar a las voces críticas e independientes. Debe ser descartada en forma inmediata”.
La propuesta del gobierno, revisada por el CPJ, está dirigida a “prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos”, según el artículo 1 de la iniciativa. Venezuela pretende lograr el equilibrio entre los derechos a la libertad de expresión y la “información oportuna, veraz e imparcial”, según establece el mismo artículo.


La definición de los “delitos mediáticos”, según el proyecto, incluye las acciones u omisiones que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad” y sean cometidas a través de un medio de comunicación. El proyecto estipula penas de cárcel de entre seis meses y cuatro años.



Bajo el Artículo 5, “toda persona que divulgue a través de un medio, noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, que haya alterado el orden público o producido un perjuicio a los intereses del Estado” será castigado con una pena de hasta cuatro años de cárcel. La “manipulación de noticias”, y la negativa de los medios a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico publicado sin firma cuando fuere requerido por el Ministerio Público puede ser sancionado con penas de prisión de hasta dos años.
Según numerosos periodistas venezolanos y defensores de la libertad de prensa en la región, el proyecto viola estándares internacionales en materia de libertad de expresión y contradice la creciente tendencia de opiniones legales internacionales de que los periodistas no deben ser encarcelados por su labor informativa.



El CPJ explica que el gobierno venezolano ha emprendido una campaña sistemática de acoso contra los medios críticos. A principios de mes, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció que las autoridades comenzarían un procedimiento administrativo para revocar las concesiones de 240 estaciones de radio que incumplieron con el proceso de actualización de datos que finalizó el 23 de junio. Días después, Cabello anunció planes para incrementar la regulación sobre las estaciones de televisión por cable y satélite que transmiten mayormente contenido producido en Venezuela.



En meses recientes, el organismo regulador de las frecuencias del espacio radioeléctrico también inició cinco procesos administrativos contra la cadena televisiva privada Globovisión, conocida por sus duras críticas al gobierno. El último se produjo el 3 de julio después de que la cadena transmitiera una campaña publicitaria dirigida a defender la propiedad privada, dónde según las autoridades, aparecían mensajes que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población y pueden producir alteraciones del orden público. Eventualmente, la concesión de la cadena podría ser revocada. El ente regulador también ha solicitado a la Fiscalía General que determine si la cadena ha incurrido en alguna conducta penal por haber supuestamente violado la ley de telecomunicaciones.

P-ES./Manuel J. Márquez Moy (Reporteros Sin Fronteras)