EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA HA INFORMADO EN EL PARLAMENTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GESTIÓN DEL AGUA

La nueva estructura administrativa del agua mejora la in-formación y participación pública en la gestión del recurso



El titular de Medio Ambiente informó en el Parlamento de la políti-ca hidráulica de su departamento y de la gestión del Guadalquivir


El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía de la nueva estructura de su departamento, en la que se integra toda la organización, me-dios y recursos de la actual Agencia Andaluza del Agua. De esta manera, se incorpora como nueva estructura una Secretaría General de Aguas capaz de hacer frente a los retos del agua del siglo XXI en Andalucía, mejorando la transparencia, la información y la participación pública en la gestión de este recurso, objetivos incorporados en la nueva Ley de Agua de Andalucía y que responden a la aplicación de los criterios de la Directiva Marco de Agua y del Pacto andaluz por el Agua. Díaz Trillo explicó que estos objetivos tienen un marco normativo en la Ley de Aguas aprobada en 2010.






Esta reestructuración, indicó el consejero, es una respuesta a la realidad económica actual que demanda de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para hacer frente a esta situación y promover así las condi-ciones para la recuperación económica. Para ello se ha constituido la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un órgano instrumental de apoyo y agili-zación a la Administración hidráulica andaluza y que actuará en el ámbito del derecho público. Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor se-guridad jurídica a los cometidos que ejerce la consejería, aumentando el con-trol y supervisión de todas sus actuaciones, así como reforzando la garantía de la empresa privada andaluza al evitar colisionar con sus intereses en su ac-ceso a la actividad pública.



Como resultado de la nueva reordenación se suprimen: la Dirección Ge-neral de Planificación y Gestión y ocho puestos directivos correspondientes a las direcciones provinciales de Egmasa. El consejero de Medio Ambiente in-formó que este ajuste ha supuesto un ahorro en el gasto cercano a los 600.000 euros al año.



Durante su comparecencia ante la Comisión, Díaz Trillo explicó la situa-ción actual en la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Cons-titucional. Para un período de seis meses, el Gobierno andaluz ha suscrito con el Estado una encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz. Esta encomienda, que garantiza la continuidad y la seguri-dad jurídica en la gestión que ha venido realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y actos dictados por la Administración andalu-za desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio adminisrtrativo de conservación de actos. Esta garantía también impedirá que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años. En cuanto a los cánones y tarifas a aplicar, la Comunidad andaluza se hace cargo de los ingresos deriva-dos de los mismos.



Ley de Agua y situación actual



En el transcurso de la Comisión de Medio Ambiente, Díaz Trillo también quiso explicar el desarrollo de la Ley de Aguas y su situación actual. Hasta la fecha, se han elaborado y sometido a información pública los Planes Hidroló-gicos de las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las competencias de planificación. Así, durante el mes de mayo se convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos distritos hidrográfi-cos.



El Observatorio Público del Agua es el instrumento fundamental para conseguir una información veraz y transparente hacia los ciudadanos y con él se conseguirá una participación pública activa que mejore la gestión del re-curso. Este organismo, indicó el titular de Medio Ambiente, pionero en España y con sede en Málaga, será un órgano colegiado consultivo de participación e información sobre el agua, que tendrá la capacidad de exigir información comparable y fiable a cualquier organismo o entidad con el fin de mejorar y armonizar la prestación de este servicio público.



En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, en la actualidad se encuentra en elaboración el reglamento de desarrollo de esta materia de la Ley de Aguas y se están abordando los trabajos para la determinación de los ma-pas de riesgos de inundación de los distritos hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI). La inversión prevista para el período 2002-2012 era de 356 millones, por lo que se ha invertido hasta la fecha un 96 % (342 millones).



Por otro lado, dentro del Plan de Saneamiento y Depuración previsto en la Ley, ya se han declarado por el Consejo de Gobierno 300 obras de Interés para la Comunidad, que movilizarán una inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la generación de un empleo asociado cifrado en 28.400 puestos de trabajo.



Finalmente, el Consejero puso de manifiesto el compromiso de la Con-sejería con la gestión del conjunto de sus cuencas y con especial hincapié in-sistió en la Gestión de la Administración Hidráulica de Andalucía de la Cuenca del Guadalquivir; una Cuenca en la que desde 2008, la CMA ha invertido ya cerca de 235 millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más, en obras que han sido vitales para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra avenidas e inundaciones en toda esta Cuenca Andaluza.



El Consejero de Medio Ambiente de la Junta, ha subrayado las 22.000 resoluciones anuales emitidas de media en estos 3 años por la Administración andaluza, resolviendo los problemas ciudadanos con la celeridad de una ad-ministración moderna y ofreciendo seguridad jurídica y normalizando regadí-os, como ha sido el caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba, las casi 15.000 ha de arroz, o la culminación de procesos de regularización de 30.000 hectáreas en Loma de Úbeda (Jaén), Huéscar-Puebla (Granada), o Doñana (Sevilla y Huelva).

Redacción "La Aventura Humana"